SALTA (Redacción) – Transitando los últimos días del año, los legisladores aprueban proyectos que afectan la matriz de la sociedad. En paralelo con lo que sucede a nivel nacional, en la provincia de Salta, el Senado aprobó el presupuesto provincial 2021, avaló el nuevo consenso fiscal firmado con la Nación y sancionó la nueva ley de minería, tres proyectos que delinean la filosofía y estrategia del actual gobierno provincial.
Cabe recordar que el presupuesto 2021 contiene la programación económica, social y de administración, a través de las cuales el gobernador Gustavo Sáenz estableció la dirección política de su gobierno. Asimismo, con la aprobación del nuevo consenso fiscal por parte de la Legislatura, el Gobierno de Salta cumple con el compromiso que asumió, junto a otras provincias, con el Gobierno nacional, a pesar de ello significar un “impuestazo” como lo calificó la oposición.
Presupuesto 2021: en pos de una mejor calidad de vida
El mismo fue aprobado por unanimidad y fue definido por el vicegobernador Oscar Marocco como el plan del Gobierno en materia de políticas públicas. En este sentido, contempla recursos totales por $157.188.783.173, de donde se destinarán $146.438.103.611 para el gasto que requiere el Poder Ejecutivo. De hecho, se destinará con mayor énfasis a salud, educación y seguridad de la Provincia.
Los senadores coincidieron en la necesidad de otorgar una herramienta esencial para el funcionamiento de los tres poderes del Estado y para el desarrollo de políticas redunden en beneficio de una mejor calidad de vida de los salteños.
Consenso fiscal «por la pandemia de coronavirus»
En relación al mismo, los senadores también avalaron por unanimidad el compromiso que asumió la provincia de Salta, a través del nuevo consenso fiscal. El mismo prevé aumentar impuestos para entidades financieras y para el impuesto automotor en sintonía con la unificación nacional. Esto implica que a partir del próximo año la alícuota para la intermediación financiera y servicios financieros, que estaba en el 5%, aumentará al 8%.
Además, con el cambio en la base imponible la alícuota mínima del impuesto automotor subirá al 2%. La firma del nuevo pacto fiscal se fundamenta en que tanto el Gobierno nacional como los provinciales necesitan contar con más recursos fiscales. El motivo es la atención de una creciente demanda sanitaria y social, por la pandemia de coronavirus, que permita contener a los sectores más vulnerables de la población.
Ley minera: el caballito de batalla
La ley minera fue sancionada por mayoría. En este apartado, votó en contra el senador por Los Andes, Martín Arjona. También votaron en contra del capítulo referido a la distribución los senadores Javier Mónico y Sergio Ramos. Ramos planteó la necesidad de incluir a Campo Quijano entre los municipios que recibirán el 6,5% de la regalías por considerar que es una localidad que sufre las consecuencias del tráfico de la producción minera, pero la moción fue rechazada por el resto del cuerpo.
Por su parte, el legislador andino Arjona presentó un dictamen de minoría promoviendo cambios en la distribución de fondos por considerar que la establecida por el Ejecutivo perjudica a los municipios del principal departamento minero de la provincia. El intento de Arjona también fue rechazado. Frente a ello, la nueva ley minera adhiere al cobro del 3% sobre el valor «boca mina» dispuesto por la ley nacional de inversiones mineras. Además, define un nuevo esquema para distribuir los montos recaudados en concepto de re galía minera.
