SALTA (Redacción) – El pasado 17 de diciembre, la Legislatura salteña dio sanción a la ley que regulaba la organización y el funcionamiento del Colegio de Odontólogos. Sin embargo, varias semanas después, el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Salud, Juan José Esteban y secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, firmaron el veto de esta iniciativa legislativa.
Para entender el funcionamiento del sistema, primero hay que explicaron que las provincias les corresponde en forma exclusiva y excluyente el poder de policía referido al ejercicio de las profesiones liberales. Entonces, a los efectos de ejercer ese poder de policía, el Estado crea los Colegios Profesionales, como personas de derecho público no estatal.
Estos Colegios son entidades destinadas a cumplir fines públicos, que originalmente pertenecen al Estado. Lo que hace éste, es transferir a la institución que crea para el gobierno de la matrícula. Teniendo en cuenta esto, las autoridades analizaron las modificaciones aprobadas por la Legislatura y estipularon que la misma no implica una reforma estatutaria significativa.
De acuerdo al análisis que hicieron, el sistema electoral previsto no resulta participativo ni democrático. También señalaron que se ha omitido el tratamiento de los derechos de los colegiados, y que se ha ampliado de manera exorbitante su poder disciplinario. En ese sentido, remarcaron que tampoco se hizo la modificación teniendo en cuenta el Código de Ética que regula al Colegio de Odontólogos.
De vuelta a la Legislatura
Ante esto, las autoridades, entre ellos Gustavo Sáenz, entendieron que existen razones suficientes para observar el proyecto sancionado anteriormente. Por este motivo, contemplando lo estipulado en la Constitución Nacional, la ley vetada en su totalidad debe volver a la Legislatura provincial. Allí, debatirán y analizarán los puntos remarcados para que el proyecto que regula el Colegio de Odontólogos funcione de manera correcta.