SALTA (Redacción) – Luego de que se conociera como funcionarias de Tartagal eran denunciadas por su propia hermana por la venta ilegal de donaciones para la comunidad wichís, el caso continúa avanzando. Si bien se conoció que las fuerzas de seguridad hicieron el debido allanamiento a las viviendas y que el proceso judicial está en marcha, Salta 4400 dialogó con el Dr. Rafael Medina, quien es Fiscal de Tartagal para obtener más detalles en torno al presente de este indignante caso que tanto revuelo nacional causó.
Consultado al respecto de la concejal y la abogada que está vinculada con esta denuncia que hizo la hermana de ellas, el mismo aseguró que “por parte de la fiscalía si el allanamiento resultaba positivo, dado que resulto, la detención y el juez de garantía Nelson Amayo le dio detención domiciliaria”. Según se supo es por razones humanitarias. Vale recordar que la hija de la acusada tuvo un accidente muy grave.
Al estar en terapia, entonces la concejal recibió la prisión domiciliaria. “El concejo no ha decidido nada sobre su detención”, aseguró el fiscal. Mientras tanto, respecto a la otra acusada, la Defensora Oficial Civil, tiene fueros. “Por esto se solicitó el allanamiento a la inmunidad. En principio no hizo lugar el juez de garantía y se va a volver a presentar y se va a prestar además la remoción”, adelantó.
Sin ir más lejos, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, se pronunció al respecto del aberrante hecho. “El mismo solicitó ante un juri de enjuiciamiento la remoción por falta de ética, incumplimiento de los deberes y por haber cometido en principio supuestamente un delito común”, aclaró el fiscal de Tartagal en torno a este caso que viene a marcar un precedente de mal gusto.
La burocracia demora la entrega de donaciones
De esta manera, el fiscal manifestó que hasta el momento “las cosas están resguardadas en la dependencia policial, en un cuarto con llaves del 911. Ahí se encuentran y atentos al reclamo insistente. Hoy hicimos una conferencia, una declaración testimonial. También recibimos al Presidente de la Fudación Noble, Jorge Ferroni. El mismo dijo que por favor le hagan entrega de manera inmediata a todos los aborígenes”, comentó.
Cabe detallar que son 80 personas de distintas comunidades quienes piden que se le entregue la donación. “Se autorizó la entrega, pero con la participación tanto de la defensora, como de la imputada y con el secretario del juzgado de garantía. Ahora el juzgado de garantía tiene que evaluar eso y hacer lugar, pero ya de la fiscalía se solicitó la entrega de la mercadería”, detalló.
En este sentido, en los bolsones habría ropa vieja, ropa nueva, zapatillas nuevas, mucha agua, cerca de 59 bidones de 5 litros, etcétera. Sin embargo, buena parte de esta habría sido vendida considerando la denuncia. “Ya tenemos más o menos, de acuerdo a la denunciante, las direcciones y algunos nombres, tanto en Villa Saavedra como en el centro, algunos negocios como la carnicería y otro que envía mercadería, ropa, pañales, ropa nueva, zapatillas”, aseveró. De hecho, ahora darán cita a la persona involucrada en la compra de las donaciones.
Posibles sanciones
En relación a la sanción, el fiscal de Tartagal contó que “la prisión será con un mínimos que es de 1 año y máximo de 6. Además, si resulta culpable se la inhabilitaría para el ejercicio de la función pública, a la magistrada y la concejal”. Precisamente, la abogada quedaría inhabilitada. “Quedaría removida. La matricula quizás puede ejercer si no se la quitan desde el colegio de abogados, pero el titulo no lo va a perder. Perdería el cargo y el ejercicio de la función pública, después podría hacerse cargo de forma particular como abogada litigante”, advirtió el fiscal.
