SALTA (Redacción) – Este miércoles se produjo una novedad en la causa que protagoniza el empresario Matías Huergo por su denuncia contra el diputado nacional Martín Grande. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas y las remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, reveló detalles de la fuerte acusación que Huergo inició por tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, amenazas y extorsión.
La decisión de la fiscal
En primer lugar, sobre la determinación de la fiscal Simesen de Bielke podemos mencionar sus argumentos. “No caben dudas que en la presente causa, se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación. Pues se trata de cuestionamientos en relación a las autoridades del organismo fiscal nacional (AFIP), de la Justicia Federal y de un Diputado Nacional (Martín Grande)”, explicó la funcionaria en un comunicado oficial.
Además, consideró que las circunstancias le impiden llevar a cabo una investigación «a los fines de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales». «Es que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP, no resulta competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial», agregó. Y entre otras razones concluyó en que concluyó que la denuncia presentada por Matías Huergo debe ser investigada por la justicia federal.
Denuncia contra Martín Grande
Luego, desde el organismo provincial detallaron: «En su denuncia, Huergo sostuvo que ha habido tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta y que habrían sido perpetradas por el diputado nacional, Martín Federico Grande Durand, como ideólogo, autor intelectual y material».
No obstante incluye en la lista de involucrados a muchos integrantes del Poder Judicial y de AFIP. «Todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje. Para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”. Es decir que el principal motivo era para incriminar a Gustavo Sáenz.
“En forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa. Con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces Intendente para perjudicar su candidatura a Gobernador”, aseguró Huergo. Según este último: «Se buscó una causa política para que el actual gobernador Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura».
«Y ello sólo podía cumplirse si el denunciante se acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el diputado Martín Grande”. En este sentido, el legislador le habría dicho que él era el “salame del sándwich”. Y que sería acusado de una serie de delitos que no precisó. Además, le dijo que si no hacía esto iría preso “porque el hilo se corta por lo más fino” y que no podría soportar las condiciones de detención.