SALTA (Redacción) – El ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, irá a juicio oral y público luego de una audiencia de doble jornada, que tuvo lugar el miércoles y jueves pasado, por «la magnitud de los hechos e imputaciones». El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal contra el exjefe comunal por el robo de caños del Gasoducto NEA.
Durante el proceso, el fiscal Villalba repasó que actuaciones empezaron en febrero del año pasado tras diversas notas periodísticas. Luego, el 18 de mayo, se formalizó la acusación contra Jorge Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y el empresario Diego Alos. Todos enfrentaban los delitos de fraude a la administración pública y robo agravado. El 28 de julio, tras una investigación más profunda, ampliaron la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transportista que habrían participado de las maniobras.
En este punto, la fiscalía también solicitó la prisión preventiva de Jorge Prado, que terminó concedida, con el fin de realizar varios allanamientos y tomar de testimoniales en Aguaray. La tarea de la fiscalía, según lo expuesto por el fiscal, incluyó distintas medidas de prueba, como allanamientos y la contestación de diversos planteos defensivos. Como bien se informó en su momento, los operativos ocurrieron tanto en Salta como en la provincia de Buenos Aires.
Un robo millonario con recursos del Estado Nacional
El fiscal Villalba señaló que los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional. En este caso caños del Gasoducto GNEA, con el solo fin de obtener un provecho económico con su comercialización. Los principales acusados en esta maniobra, según surge de las pruebas colectadas por la fiscalía, proyectaban ganar sumas millonarias.
Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la intención de los imputados apuntaba al apoderamiento de caños por un tramo de 35 kilómetros. Los cuales atravesaban la localidad de Aguaray y parajes circunvecinos, entre ellos en El Desemboque, en Alto La Sierra. Cabe mencionar que la fiscalía logró recuperar más de 250 caños que fueron extraídos de la traza del gasoducto. Una parte lograron secuestrarla en la zona y en el predio de uno de los empresarios acusados, en Buenos Aires.
“Todo esto ya estaba planificado antes de la asunción de Prado, quien apenas se colocó la banda de intendente electo de Aguaray no hizo más que traicionar el voto popular. Y permitió deliberadamente el saqueo de bienes sobre los cuales no tenía ningún dominio. Pues los caños pertenecen a una obra del Estado Nacional”, remarcó el fiscal general.
Según detalló luego, en este esquema delictivo, Prado, Céspedes y Alos, según la acusación formalizada, tienen responsabilidad en la sustracción de 238 caños. De ellos, 67 que Alos vendió a Rossis y 161 que fueron extraídos, tanto en Aguaray como en el paraje El Desemboque, en Alto La Sierra, con intervención de Adrián Vera, otro empresario.
