SALTA (Redacción) – La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó nuevamente el proyecto de ley denominado «ficha limpia«, con el cual quedan prohibida la postulación a cargos electivos de las personas que estén condenadas por la Justicia. Ahora deberá tratar la normativa el Senado. Cabe recordar que esta iniciativa ya resultó aprobada en septiembre pasado. Sin embargo, los senadores la devolvieron con modificaciones.
En relación con esto último, los diputados impulsores del proyecto «ficha limpia» lograron pasar de nuevo el texto original. «No podrán ser candidatos los condenados por sentencia, mientras dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración; los fallidos no rehabilitados; los afectados de incapacidad física o moral; ni los deudores morosos del fisco provincial, después de sentencia judicial que los condene», detallaron desde Diputados.
«Hay que proteger a los ciudadanos»
En el debate sobre la normativa, la diputada Laura Cartuccia, una de las principales impulsoras, remarcó los argumentos a favor. De esta forma remarcó «el derecho de las personas de ser elegidos y el derechos de los ciudadanos de ser representados por una persona que no delinque». «En ese sentido hay que proteger a los ciudadanos, por eso es que insisto con el proyecto original de ficha limpia presentado en esta Cámara», agregó.
Por otra parte, la dirigente planteó: «La verdad me surgen varias dudas. Y una de esas preguntas es si es admisible que un político condenado por delitos de corrupción sea candidato a cargos electivos. Y quizás para cualquiera de los que están ahí sentados en sus bancas o en sus casas a través del zoom, consideran que esa idea sería absurda. Sin embargo, tenemos leyes que dejan una laguna importante».
«Tenemos el deber moral»
Durante su intervención, la legisladora Socorro Villamayor expresó: «Creo que la normativa de hoy, lo que hace es atender una necesidad social concreta». «La cual la de decirle al pueblo de Salta que estamos trabajando en leyes que efectivamente impidan que aquellas personas que tengan una sentencia de segunda instancia, que sean imputados por delitos y se encuentren con intenciones de postularse, no van a poder ocupar cargos electivos mientras dure la condena. Nosotros tenemos el deber moral», resumió.