SALTA (Redacción) – Esta semana se vence el plazo para que el Ejecutivo Municipal resuelva si insiste en el decreto que aprobó el convenio con la CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) para la instalación de un sistema de fotomultas en Salta. Por su parte, el concejal del PRO, José Gauffin, reveló que no hubo conversaciones y que lo más probable es que se lo deje caer.
De esta manera, el edil señaló que es una incógnita si la firma que instala los dispositivos de fotomultas demandará a la Municipalidad de Salta. Sin embargo, el dirigente subrayó que en ese caso habrá que evaluar las responsabilidades de los funcionarios municipales que firmaron el convenio. “El vecino no tiene que hacerse cargo”, apuntó José Gauffin y castigó a la gestión de Bettina Romero por las irregularidades de este caso.
Puntualmente, José Gauffin lanzó una contundente crítica: “El vecino no tiene que pagar el convenio, el vecino no debe hacerse cargo de una mala gestión. Esto fue un error en la tramitación». Por otra parte, explicó que el Ejecutivo Municipal deberá poner el foco en la negociación con CECAITRA. Con el objetivo de que la caída del convenio no genere un reclamo económico y aclaró que no se conocen cifras.
Un conflicto que no se sabe cómo terminará
Como bien se informó, el compromiso que pactó la Municipalidad de Salta con Cecaitra recibió una observación legal por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Una situación que implica formal oposición y la suspensión de su cumplimiento. En esta observación legal se decide ante la «existencia de vicios graves y groseros que vuelven ineficaz un decreto». Y el Tribunal de Cuentas lo notificó al Ejecutivo de Bettina Romero.
Por ende, si el Ejecutivo no insiste, trascurridos los 15 días el decreto pierde eficacia y muy posiblemente se inicie una etapa de reclamos por parte de Cecaitra. Esta firma ya instaló equipos y tenía prevista una inversión total de $162 millones, con un acuerdo que le dejaba el 45% de las multas cobradas. El pasado 25 de agosto, lo concejales reaccionaron y los funcionarios responsables de la iniciativa fueron convocados a dar explicaciones.
Luego de esa reunión muy tensa, el Concejo Deliberante de Salta emitió una resolución en la que solicitó la suspensión del acuerdo por la cantidad de información faltante. Pero sobre todo porque el cuerpo legislativo fue ignorado en su tramitación. Recién el viernes 10 de septiembre la intendenta Bettina Romero se pronunció sobre el asunto. “Nosotros propusimos un convenio con una empresa. Lo cual los concejales dijeron que quieren reveer, frenar, analizar y es lo que hicimos, pero no quepan dudas que para mí es una prioridad que la ciudad sea más segura”, afirmó.
