SALTA (Redacción) – El gobernador Gustavo Sáenz participó esta tarde virtualmente de la reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández. El objetivo que describieron sobre este encuentro era: «Para garantizar el cumplimiento del congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo». Cabe recordar que para el control del Precios Cuidados, la Provincia ya anticipó multas y sanciones.
De esta manera, el mandatario salteño y sus pares de otras provincias firmaron con el gobierno nacional el apoyo al acuerdo de Precios Cuidados. «Retrotrae los aumentos al 1 de octubre y establece hasta el 7 de enero de 2022 la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos indicados», explicaron en un comunicado.
Los aumentos «castigan con dureza los ingresos»
«Salta y las otras provincias firmantes del acuerdo realizarán la fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la Resolución N°1050 del pasado 19 de octubre de la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Roberto Feletti«, remarcó el gobierno salteño. Además, describieron la delicada situación del país frente a la inflación.
“Los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico”, indica el acuerdo firmado. Luego, advierte que como consecuencia se observa «el debilitamiento del consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de las pymes».
En la misma línea, el acuerdo entre Nación y los gobernadores completa: «No estamos solo defendiendo el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios; estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo”. Del mismo modo, el documento se agrega que esta medida de corto plazo es necesaria pero no suficiente.
“Debemos tener instrumentos económicos e institucionales estableces y permanentes que garanticen a) rentabilidades empresarias razonables b) una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles, y c) el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles”, apuntaron el presidente y todos los gobernadores.
