SALTA (Redacción) – A pesar de que se esperaba que se conociera hoy la condena a Jorge Prado por el robo de los caños del Gasoducto del NEA, el Tribunal Federal decidió estirar una semana más la resolución. El exintendente de Aguaray ya fue declarado culpable, como también el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de OSYP S.A., Diego Alos; quienes deberían haber conocido hoy las condenas definitivas.
Por su parte, el fiscal Eduardo Villada había pedido una condena de 8 años de prisión efectiva Jorge Prado y 7 para Alos, ya que fueron reconocidos como penalmente responsables por el delito de robo agravado en banda y despoblado. El magistrado judicial explicó que el simple hecho de que no tengan antecedentes condenatorio hizo que la cantidad de años pedidos sea benevolente.
Por otro lado, en el juicio que terminó el 2 de diciembre fueron absueltas 7 personas, entre las que se encontraban empleados municipales y empresarios locales, quienes actuaron en el robo de los caños de 12 metros de longitud pero en situación de contratados. El tribunal que debe determinar el futuro de Jorge Prado está compuesto por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule.
Es la hora de saber cuántos años de condena le va a corresponder a cada uno de los que fueron declarados culpables de haber cometido este delito. Entre diciembre del 2019 y enero del 2020, se sustrajeron 8 kilómetros de caños que eran parte del Gasoducto del NEA y que venía siendo llevada a cabo por la compañía Servicios Vertúa, sin embargo luego de una disputa con la ex Enarsa quedó abandonada hace más de un año.
Con esta situación, Jorge Prado inició un operativo para retirar los caños que estaban valuados en miles de dólares cada uno y que había sido cedido por el Estado nacional, con el fin de venderlos a diferentes provincias. Bajo la excusa de pasivo ambiental el intendente de ese entonces de Aguaray había autorizado esta maniobra, pero en realidad tenía un costo de 5 mil dólares cada uno. Días atrás, Prado se había justificado diciendo que su objetivo fue «‘dar trabajo y cuidar el medio ambiente», cuando en realidad fue un claro delito.
