SALTA (Redacción) – La diputada provincial Cristina Fiore analizó el Presupuesto 2022 en la Legislatura y realizó un pedido particular sobre el denunciado funcionario Pablo Outes. Durante la sesión, la legisladora que integra Ahora Patria recordó la denuncia que realizó el legislador oficialista Daniel Sansone. «Si esto es o no es no tengo idea. Hasta ahora no fue desmentida», apuntó la dirigente y exigió una medida puntual sobre la obra pública en municipios de Salta.
Durante su intervención, la diputada Cristina Fiore pidió ante sus pares modificaciones para la obligación del gobernador Gustavo Sáenz de informar su gestión. «Estos temas no son menores y en definitiva hacen a la transparencia. Es una obligación del ejecutivo informar y es obligación de nosotros controlar», apuntó antes de señalar el polémico caso que involucra al Coordinador de Relaciones y Enlace de la Provincia, Pablo Outes.
«Me pareció muy buena la idea de incluir en el presupuesto, la obligación de parte del Ministerio de Economía de hacer una página web amigable, que no haga falta ser contador para verlo. Sino que cualquier ciudadano pueda ir a esa página y saber que obras se están ejecutando como se están gastando los fondos», propuso Cristina Fiore.
Allí señaló que «hace a una cuestión fundamental que es la transperencia». Por estas razones exigió ante sus pares que se modifique un artículo del Presupuesto 2022 para excluir al funcionario Pablo Outes en la definición de obras públicas. «Algunos diputados hemos tomado muy en serio una denuncia que en algunos medios hizo un diputado oficialista», apuntó y recordó las graves acusaciones que realizó su par Daniel Sansone hace una semana.
Las acusaciones contra Pablo Outes
«Los propios intendentes le revelaron que si no contrataban a una empresa vinculada a Pablo Outes no recibirían fondos para obra pública», citó Cristina Fiore y mencionó que sería una empresa de adoquines. «Si esto es o no es no tengo idea», se resguardó sobre la denuncia pero remarcó que «hasta ahora no fue desmentida. «Y no sé si algún fiscal, porque el poder judicial estaría bueno que escuche por lo menos algo», agregó.
Por este motivo, Cristina Fiore consideró que le parece que «es un buen mensaje a la comunidad» sacar al funcionario de la decisión sobre las obras. «No tengo idea si tiene una empresa. Me parece que no está bueno que alguien que pudiera tener una empresa así, sea la que defina cuál es la metodología de cómo se ejecutan obras de los municipios», reclamó.
En esta línea, también remarcó: «Si llegara a tener yo una empresa de adoquines, no sería incompatible que defina cuál es la metodología con la cual se va a repartir la obra pública». «¿El abogado sí y los empresarios no?», ejemplificó y mencionó que no puede ejercer su profesión porque es legisladora. Finalmente reiteró su pedido sacar al funcionario de un articulo clave del Presupuesto 2022.
