SALTA (Redacción) – Dos mujeres se atrincheraron anoche en las oficinas de la Cámara de Diputados de Salta y aseguraban que las habían echado porque denunciaron supuestas «irregularidades administrativas» en el recinto. Se trata de la exjefa del Área Jurídica de la Cámara baja y de una colaboradora, quienes habrían impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades. Ambas cumplen arresto domiciliario tras ser imputadas esta tarde.
En este contexto, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público luego de que dos mujeres se atrincheraran en las oficinas de la Cámara de Diputados de Salta. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar al pedido de detención de ambas «después de la intervención de un mediador». Luego, quedaron imputadas provisionalmente por los delitos de «turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional».
En este sentido, el fiscal Ramos Ossorio arribó al recinto luego de que las autoridades del organismo convocaran a personal policial. «Indicó que inicialmente la primera de las detenidas dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2 y con un mediador. Posteriormente, también dialogó con ella el Secretario Legislativo de la Cámara», describió el informe oficial del caso.
Denuncias de supuestas irregularidades
Sin embargo, luego de que no se produjeran avances en el diálogo, en horas de la noche, solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat: «El ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres». Por otra parte, según trascendió en los medios, la mujer había sido notificada que quedaba cesanteada del cargo que ocupa desde 2014. Y aseguraba que se viene desempeñando en la Legislatura desde hace más de 35 años.
En este sentido, aseguran que durante el atrincheramiento, la mujer desde el balcón de las oficinas aseguraba que la medida en su contra era por «serias denuncias por graves irregularidades administrativas que viene denunciando dentro de las secretarías de la Cámara de Diputados de Salta. Según difundieron, estas tendrían que ver con «nombramientos y cesantías direccionadas».
Por el contrario, el fiscal del caso precisó que según las testimoniales obtenidas: «La mujer no fue cesanteada, sino removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta permanente y seguirá afectada al servicio». Finalmente, el juez Colombo hizo lugar al pedido de detención y «ambas mujeres cumplen arresto domiciliario». Los delitos que las tiene implicadas se deben a que «habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo».
