SALTA (Redacción) – A pesar de que el Gobierno nacional prevé una baja de la inflación, la realidad es que los costos de vida sigue subiendo diariamente. Para colmo, habilitan el ajuste de las tarifas de los servicios básicos como es el caso del gas que se negocia en cada jurisdicción. El pedido de las diferentes empresas no bajan el 150% y llegan hasta el 273%, piden que comience a regir a partir del 1 de febrero.
Por lo tanto, las diferentes empresas distribuidoras de gas están negociando su acorde a aplicarse a partir del próximo mes. Gasnor es la que cubre la demanda en la provincia, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero reclama un aumento de 189%. Esto incluye lo que es la etapa de distribución. Incidirá en la factura final de los usuarios el 54,9% en Salta y en zona fría. En Tucumán será del 71,2%, un 114,4% en las PyMES, 9,1% en los industriales y 4,7% en GNC.
Además, las transportadoras de gas pidieron un ajuste de hasta el 163%. Todo esto se dio en el contexto de las audiencias públicas que mantiene el Ente Nacional Regulador del Gas con las diferentes empresas prestadoras del servicio. La misma se llevó a cabo de manera virtual y la condujo el interventor del organismo, Osvaldo Pitrau.
En la reunión los empresarios, gerentes de las diferentes compañías y autoridades del Gobierno evaluaron la situación de los costos y gastos en la distribución de gas. Esto se contextualiza en el marco de la adecuación transitoria de las tarifas de transporte de gas natural y la distribución por el gas de red. Un 2023 que comienza con múltiples aumentos, incluidos los servicios básicos.
El pedido particular de Gasnor
Cada una de las compañías presentó su petitorio y reclamó lo que consideran más justo. Por su parte, Gasnor consideró que el cobro necesario para los usuarios debe aumentar un 189%. Como se observa, las distribuidoras reclamaron valores por encima del 100% de aumento bajo el argumento de atrasos tarifarios de hace cuatro años atrás. Así que queridos salteños y salteñas a ajustarse los cinturones porque el 2023, año electoral, comienza con aumentos en el valor de los servicios básicos.
