SALTA (Redacción) – A toda la conflictividad social que viene azotando a Salta se le sumó provisoriamente lo que se dio a mal conocer como Ley Antipiquetes. Si bien es cierto que el gobernador Gustavo Sáenz la terminó vetando, el descontento popular escaló abruptamente. Por su parte, Marcelo Domínguez, ministro de Seguridad, planteó la necesidad de que prime la cordura y se vuelva a la normalidad.
Tras lo que fue el veto parcial del gobernador a este iniciativa legislativa compartió detalles exclusivos de cómo funcionará la normativa. «Somos conscientes de la trascendencia que ha tenido el conocimiento de este proyecto y, a su vez, se han escuchado diversas voces», reconoció el ministro de Seguridad. Las declaraciones de Domínguez se hicieron pública después del veto del gobernador Sáenz.
«Haciéndose eco de lo que se ha expresado en estos tiempo, el gobernador ha vetado varios de los artículos del proyecto», aclaró. «Se han formulado una serie de observaciones, considerando las manifestaciones o comentarios que se formularon al respecto», remarcó Domínguez. Asimismo, » atendiendo a toda la situación socioeconómica nacional que afecta a Salta, entendiendo que se debe reestablecer de inmediato el orden y la paz social”.
El ministro brindó los detalles sobre el veto parcial de esta iniciativa
Por lo tanto, específicamente como dato revelador el ministro informó que se eliminó el requisito de notificación previa. Es decir, toda reunión que surja de manera espontánea se desarrollará sin ningún inconveniente mayor. «Se vetó el artículo 4, que hablaba de notificar, previo a la manifestación, a la comisaría más cercana con 24 h de antelación», expresó Domínguez textualmente.
Al mismo tiempo, se «mantiene vigencia que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad y Justicia, así como que el Ministerio debe arbitrar las medidas necesarias para la no colisión de derechos entre petición y circulación«, aclaró. En caso de que la manifestación se de en lugares públicos hay que garantizar los derechos esenciales fundamentales.
«La obstrucción de la vía pública tiene su reproche legal en el Código Penal y en el Código Contravencional de la provincia. Aquí no se está modificando ninguna norma. En definitiva, esta ley ha sido ratificada en pos del propósito de lograr en el menor tiempo posible que Salta vuelva a ser una ciudad donde podamos convivir pacíficamente, atendiendo los reclamos de los sectores gremiales, pero teniendo en cuanta que es menester dar un mensaje concreto respecto a que los cortes generan un perjuicio enorme a la economía de la provincia», sentenció Domínguez.
