SALTA (Redacción) – El senador nacional por Salta se acomoda al orden de día siempre en contra del kirchnerismo. Por eso ahora Juan Carlos Romero es uno de los aliados que tiene Javier Milei en el Senado de la Nación. Ahora expresó su preocupación por las aerolíneas y le pidió al presidente Javier Milei que revea la cuestión impositiva sobre este sector.
La tasa «Seguridad de la Aviación» se cobra incluido en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La misma se aprobó en el mes de octubre del 2022 y ahora el senador Romero busca su derogación. Se trata de «derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad».
A su vez, el legislador nacional remarcó que es «un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos», indicó Romero. De este modo, el exgobernador salteño defiende el lobby de las aerolíneas mientras se analiza privatizar Aerolínea Argentina.
El Estado debe cubrir ese costo y no las empresas
En los tiempos actuales el Estado es acusado como responsable de todos los males existentes. Pero en este sentido, indican que es la entidad estatal la cual debe cubrir esos gastos y hacerse cargo de la seguridad. «La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado. Tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero«, replicó Romero.
A modo de síntesis, el senador nacional por Salta aclaró que de la derogación de este artículo los recursos seguirán dentro del mismo sector. «Sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado», detalló Romero.
