SALTA (Redacción) – La brusca devaluación que está experimentando el peso desde el lunes ya ha puesto en jaque en numerosos sectores productivos, sobre todo a aquellos que venían sufriendo desde hace meses los perjuicios de la crisis económica nacional. En esta línea, se pronunciaron las autoridades de la Cámara de Industriales Panaderos y Afines de la Provincia de Salta. “No se puede vivir con esta inestabilidad constante”, manifestó el portavoz de la organización, Hugo De la Merced.
En diálogo exclusivo con Salta 4400, De la Merced confirmó que a la brevedad aumentarán los precios en las panaderías, a raíz del incremento en los valores de los insumos. “Lamentablemente ya no podemos más, así que tenemos que actualizar lista de precios”, aseguró el dirigente, quien también adelantó que hoy la Cámara llevará a cabo una reunión “para definir el porcentaje”. Al respecto, estimó que la suba “va a estar entre un 10% y 15%, que son entre 100 pesos y 110 pesos el kilo de pan”.
Además, el vocero advirtió que estos porcentajes se mantendrán en el tiempo “siempre y cuando haya estabilidad”. “Si la semana que viene el dólar se va a 70 pesos, vamos a volver a tocar los precios, porque nuestro sector está 100% dolarizado”, formuló. “El lunes en la Cámara de Panaderos estábamos discutiendo qué íbamos a hacer en cuanto a los precios, ya calculando una suba entre los 10% y 15%. En ese momento el dólar estaba a 58 pesos; ayer cerró a 63 pesos, es decir 5 pesos más caro que el lunes”, relató acerca de la falta de certezas que afronta el sector.
Igualmente, De la Merced afirmó que los propietarios de los comercios no se pueden dar el lujo de cerrar sus establecimientos hasta que se estabilice la crisis cambiaria. “Nuestro sector se caracteriza por trabajar siempre, los 365 días del año, a pesar de que sabemos que estamos perdiendo plata porque estamos vendiendo la mercadería a un precio que ya no existe e, incluso, no sabemos a cuánto vamos a comprar la harina dentro de un par de días”, expuso. A su vez, enfatizó en que no pueden dejar de atender al público “porque creemos que tenemos una obligación con la población”. “Además, necesitamos pagar servicios, sueldos y proveedores, y si cerramos no entra dinero. Esto es un círculo vicioso”, recalcó.
Reclamos al Gobierno
Por otra parte, el portavoz remarcó que este sector “ya viene muy golpeado desde hace muchos años” y, además, recordó que “la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) declaró la Emergencia económica en octubre del año pasado”. Ante ello, repudió que “desde el Gobierno nacional no recibimos ninguna llamada para ver qué se puede hacer o cómo nos pueden ayudar”. “Estuvimos reunidos en el Ministerio de Producción de la Nación, donde hace un año les planteábamos la necesidad de una moratoria con AFIP y de subsidios al luz y gas”, mencionó el referente provincial, aunque agregó: “No tuvimos respuesta”.
A manera de buscar una solución en el corto plazo, De la Merced consideró que sería “provechoso para todas las economías” que la administración federal pudiera “estabilizar el dólar”. Además, comentó que para los panaderos “sería fundamental la intervención del Gobierno en el mercado del trigo”, debido a que actualmente están “atados a lo que pasa con el dólar”. “El trigo que se consume internamente debe estar regulado”, reclamó el dirigente, quien aludió que los comerciantes salteños están “comprando la harina más cara que en Bolivia”. Por otro lado, pidió que “tendría que haber algún subsidio en servicios para la industria, y también algo de Rentas, una moratoria o retrotraer la alícuota al 3.6% como el pasado”.
Consultado por las medidas que anunció el Presidente Mauricio Macri ayer por la mañana, lamentó que ninguna alcanzará a las panaderías. “Nosotros esperábamos algo particular para el sector porque el pan es el alimento básico de toda familia, que no puede faltar en ninguna mesa”, confesó. A su vez, indicó que en todo el país ya han cerrado “más de tres mil” establecimientos. Sin embargo, admitió su satisfacción por la concreción de “la moratoria con AFIP”, aunque advirtió que el Gobierno demoró “un año” en acceder a esta necesidad.
