SALTA (Redacción) – Días atrás, la diputada nacional Verónica Caliva apuntó contra las autoridades del sanatorio Juan Domingo Perón. Según expuso, los responsables del centro no garantizaron la atención a un grupo de niños originarios que padecen problemáticas relacionadas con la desnutrición. Incluso, remarcó que el nosocomio ya ha acumulado varias demandas durante 2020. En ese marco, se confirmó que avanza la denuncia por discriminación contra el Hospital de Tartagal.
De acuerdo a lo que consigna Salta 12, el titular del INADI en Salta, Gustavo Farqhuarson, se expresó en ese mismo sentido. Al respecto, formuló que «el aislamiento social obligatorio y la situación de emergencia sanitaria vinculada al COVID-19 no puede bajo ningún punto desatender la problemática de desnutrición e histórica vulneración de derechos y acceso a la salud de los pueblos originarios». «Toda política sanitaria en esta emergencia tiene que incluir a los pueblos originarios y no marginarlos«, sentenció.
Asimismo, Farqhuarson recalcó: «No se puede desmantelar la asistencia que reciben». Además, expresó que los sanatorio tienen el deber de «explicarles a las comunidades, mantener un buen diálogo y ofrecerles un lugar igual». Ante ello, enfatizó que Salta atraviesa «un momento en donde hay poblaciones que se encuentran con mayor vulnerabilidad». «Es allí donde el Estado debe poner aún más atención y cuidado», reclamó el dirigente.
Denuncia
Según publica la agencia de noticias DDN, Caliva había intercedido ante el reclamo que había efectuado la dirigente originaria Octorina Zamora. Por entonces, había aludido que las autoridades del Hospital de Tartagal habían «desalojado a los niños internados por desnutrición y otras dolencias derivadas del hambre del edificio de Recuperación Nutricional». Además, había enfatizado que la cúpula del sanatorio se había apropiado de este espacio para montar una «guardia pediátrica».
A causa de esta panorama, Farqhuarson contó que este centro «había logrado que los miembros de la comunidad se acercaran a la institución». De esta manera, recalcó que esta posibilidad «no es habitual por la discriminación y el destrato que suelen recibir». Finalmente, el funcionario aseveró que las comunidades originarias «no pueden terminar pagando las falencias» del sistema sanitario salteño. «Viven en una emergencia sanitaria de vida o muerte, con una problemática nutricional preocupante», concluyó.
