SALTA (Redacción) – A comienzos de la semana, el Gobierno provincial había planteado la necesidad de endurecer los castigos a quienes incumplen el aislamiento obligatorio. Por eso, se confirmó que en Salta retendrán vehículos e irán a la cárcel hasta por 60 días si violan la cuarentena por coronavirus. De esta manera, se busca que toda la población del distrito evite circular en la vía pública en caso que no fuera necesario.
El Gobierno de Salta publicó la disposición esta mañana en el Boletín Oficial. Precisamente, se trata del Decreto N° 255. Posteriormente, esta normativa será enviada a la Legislatura provincial. Asimismo, el texto no solo cuenta con las firmas del Gobernador Gustavo Sáenz y del Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas. También está suscripto por los ministros Ricardo Villada (Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia), Sergio Camacho (Infraestructura), Roberto Dib Ashur (Economía y Servicios Públicos), Verónica Figueroa (Desarrollo Social), Martín De los Ríos (Producción y Desarrollo Sustentable), Josefina Medrano (Salud Pública), Juan Manuel Pulleiro (Seguridad) y Matías Cánepa (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología).
Decreto
Por medio de este DNU, el Gobernador Sáenz promulgó un «régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19». Asimismo, infirió que esta norma apunta castigar a las personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria que dispuso el Presidente Alberto Fernández. Además, el documento también establece sanciones contra aquellos que no respeten las resoluciones dictadas por la administración salteña en este sentido.
Concretamente, el Ejecutivo provincial ratificó que los ciudadanos que podrán afrontar multas o arrestos de hasta 60 días si violan el aislamiento. En ese orden, mencionaron que esta pena se aplicará en caso de que «injustificadamente desobedezcan ordenes legítimas de los agentes del orden público» que estén vinculadas a la prevención del contagio de coronavirus COVID-19. De la misma manera, adelantaron que esta legislación caerá sobre aquellos que «fueren arbitrariamente remisos en darle cumplimiento».
En este marco, afirmaron que los oficiales podrán secuestrar los vehículos en los que circulen los infractores. Asimismo, las autoridades provinciales garantizar que el dinero recaudado por estas penas servirá para reforzar los fondos del sistema de salud. Por su parte, el Ejecutivo ratificó que ha adoptado esta disposición ante «la necesidad imperiosa de proteger el derecho a la vida y a la salud de las personas que habitan en el territorio provincial».
