SALTA (Redacción) – La Mesa de Barrios Populares explicó las tomas de terrenos en la ciudad de Salta. Por ese motivo, denunciaron que hay una falta de políticas públicas que causó una emergencia habitacional. Según el relevamiento que hicieron, hay más de 150 barrios populares en la provincia. Allí se albergan más de 20 mil familias. Luego, mencionaron que son casi 70.000 personas las que están inscriptas en el Instituto Provincial de la vivienda (IPV) a la espera del derecho de acceso a una casa propia.
Más de 4 años sin loteos sociales
Como bien indica el DDN, Guadalupe Flores es miembro de la Mesa de Barrios Populares y reclamó: “La tierra no está siendo bien administrada para la gente que lo necesita”. Cabe apuntaron que Dina Guaymás junto a Flores son referentas de la organización. Ambas explicaron que la toma de terrenos en varios puntos de la ciudad de Salta responde al «histórico déficit habitacional» en el que se encuentra la provincia. Por este motivo denunciaron que hace más de 4 años que no se realizan loteos sociales.
De esta manera, Guaymás relató que lleva más de 20 años viviendo en un terreno fiscal. Y agregó que desde el Gobierno Provincial aún no regularizaron su situación habitacional a pesar de que le fue asignado en el año 1998. “Me dieron un papel que decía que la policía no tenía que sacarme, entonces me quedé y cuando fui no tenía agua, luz, ni nada”, describió. En tanto, recordó que cuando iniciaron les llevó cuatro años todas las gestiones para contar con los servicios básicos. “Lo que pasa es que yo necesito la regularización de mi terreno”, afirmó.
Contra los requisitos del IPV y al resguardo de la violencia de género
“Mi realidad es distinta, una situación de violencia de género me llevó a esconderme en estos asentamientos. Esto es algo que nos sucede mucho a las mujeres porque es imposible inscribirnos en el IPV cuando tenés un golpeador que no quiere cederte la tenencia completa”, relató Guadalupe a FM 88.1. También contó que habita un terreno desde hace 5 años. Allí lamentó que muchas mujeres toman terrenos para no vivir con sus agresores.
Sin embargo, lamentó que desde el IPV les piden una cantidad de requisitos que son «imposibles de cumplir». E este sentido, uno de ello es el requisito de tener la tenencia completa de los niños. “O nos matan, o tomamos tierra”, sostuvo Guadalupe y agregó que también hay un gran maltrato por parte de la asistente social del organismo provincial. “Te mandan a averiguar si hay terrenos desocupados. Averiguas y después desaparece, no sabes a quien se lo dieron”, describió.
«Terrenos no habitables»
«Se ha criminalizado tanto a los Barrios Populares que incluso el mismo barrio nos ha dejado fuera de planificaciones urbanas”, describió Guadalupe. Luego, explicó que el barrio Floresta Baja cuenta con algunos sectores con agua y con algunas calles pavimentadas. Sin embargo, ella vive en Floresta Norte en un terreno categorizado como «no habitable» por tener riesgo de desplazamiento. Ante esta problemática reclamó que no hicieron obras de contención para resolver la emergencia que viven situación de las más de 200 familias que habitan ahí.
Por último denunció que para ingresar sufrió terribles situaciones de violencia. De parte de los vecinos y de quienes eran funcionarios municipales en ese momento. En tanto, Dina Guaymás contó que en enero de este año se reunieron con la intendenta Bettina Romero. Le presentaron un protocolo de regularización de los 41 barrios populares, de los 46 que hay en la Capital. Pero según aseguraron sólo 5 de los 41 podrían entrar en la regularidad.
