SALTA (Redacción) – El retorno a las escuelas en medio de la pandemia por Coronavirus, tiene en vilo a todos los sectores involucrados en el sistema educativo. Tras conocerse la Resolución 140 del Ministerio de Educación de Salta, que establece los lineamientos para volver a clases en la Provincia, los docentes y trabajadores del rubro se levantaron en contra de la disposición.
Desde hace algunas semanas tanto gremios de docentes como referentes del gobierno provincial trabajan en los protocolos para la toma de exámenes presenciales. Los mismos están dirigidos a alumnos que adeuden materias de años anteriores, o estén por finalizar el secundario. Por ello, luego de las reuniones entre el Gobierno y los trabajadores, los mismos llegaron a un consenso. Es decir que se oficializó la reapertura de las escuelas, a partir de este jueves 25 de junio.
Las instituciones abrirán sus puertas para tareas administrativas los días martes y jueves. Mientras tanto, los días martes, miércoles y jueves para la inscripción de exámenes presenciales. También aclararon que se tomarán los exámenes para la terminalidad de los alumnos que tienen materias pendientes para concluir el secundario y terciario. Las fechas se establecerán luego de las vacaciones de julio.
Las materias pendientes: falta de personal, transporte y garantías sanitarias
Previamente, la ex titular de ADEP, Patricia Argañaráz, subrayó que la resolución es “arbitraria” y que a su vez, desestima los derechos de los docentes. Además, la docente entiende que no están dadas las condiciones para retornar a las aulas. En este sentido, el Secretario General de AMET, Eloy Vidal Alcalá, indicó que en la nueva resolución emitida por el Gobierno no se incluyeron tres puntos que ya habían solicitado.
En primer lugar señaló que no contempla el transporte público para el traslado de alumnos, docentes ni personal de maestranza, “sin colectivo es imposible movilizarnos”, sostuvo el docente. Asimismo, señaló que desde antes de la pandemia ya se registraba faltante de ordenanzas en más de 300 escuelas. Por ello, consideran que es necesario nombrar los cerca de 2.500 trabajadores para garantizar la higiene de las escuelas.
Finalmente, Alcalá destacó que la ART no les reconoce como enfermedad profesional el COVID-19, pedido que consideran importante dada la exposición. Es por este motivo que, pese a llegar a un acuerdo con las secretarías de Gestión y Planeamiento Educativo, se le solicitó al Gobierno que se garanticen las condiciones sanitarias y recursos suficientes para llevar adelante las tareas.
Al parecer, los anuncios dan cuenta de un feliz acuerdo que se espera tranquilice las aguas entre los sectores. Sin embargo, todavía docentes autoconvocados continúan a la espera de ser recibidos, ya que los mismos aclararon no se sienten representados por los gremios del sector.
