SALTA (Redacción) – Uno de los temas más preocupantes en torno a la pandemia de Coronavirus, no es sólo la salud, sino la seguridad de los ciudadanos. En este marco, surgió el Decreto 255/2020, establecido por el Gobernador Gustavo Sáenz, que no hizo más que avivar las llamas en torno a los controles y en algunos casos, abusos policiales. Por todo esto, desde el poder legislativo y judicial miran de cerca las actuaciones al respecto.
En una entrevista brindada a Radio Profesional FM 89.9 , Verónica Simesen de Bielke, ahora a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, dio cuenta de cifras estremecedoras. De hecho, solo durante 2019 se recibieron 1600 denuncias por abusos policiales. Esta declaración vuelve a poner en el centro del debate el rol de las fuerzas de seguridad como funcionarios públicos. “Los mismos tienen la función de poner en resguardo la seguridad personal de los ciudadanos, y no así lo contrario”, manifestó Bielke.
La delgada línea que separa al Poder Ejecutivo del Poder Judicial
En ese sentido, sobre el decreto 255/2020 que otorga súperpoderes a la policía, la Fiscal opinó que la medida, desde el punto del vista jurídico «es preocupante”. “El Poder Ejecutivo se ha robado facultades legislativas, lo cual está vedado por la Constitución Nacional”, agregó. En este sentido, recordó que el Decreto establece un régimen claramente sancionatorio.
“En él se establecen penas previstas en el Código Penal. la multa y el arresto, medida privativa de libertad que solo puede ser dispuesta por un Juez», explicó. Por último, Simesen de Bielke señaló que revisó la presentación realizada por la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación, quien se manifestó en contra del decreto al considerarlo inconstitucional.
Por este motivo, expresó que buscarán rever los plazos desde la Fiscalía para sumarse a un recurso de inconstitucionalidad. A su vez, adelantó que estarán al tanto de tomar medidas si se llegase a producir algún hecho de abuso policial en las próximas semanas.
La ex gestión de la Fiscalía de Derechos Humanos en aprietos
Tras la exhaustiva auditoría a la Fiscalía de Derechos Humanos en Salta, el informe indica que, de un total de 2065 causas ingresadas en todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97. Es decir, menos del 5% de los expedientes en total. Por ello, el procurador Abel Cornejo dispuso que se inicie un sumario administrativo para a su extitular, Gustavo Vilar Rey.
