SALTA (Readacción) – El próximo 8 de agosto se cumple un año más en el cual los senadores dijeron no a la ley del aborto. Por este motivo, los militantes pro vida decidieron organizar una marcha para festejar un nuevo aniversario de ese suceso. Sin embargo, esta celebración será diferente debido a la situación epidemiológica por la que atraviesa la provincia actualmente.
En diálogo exclusivo con Salta 4400, René Castellón, militante pro vida, explicó que se conmemorará el el hecho mediante una caravana de vehículos. «Hacemos una caravana de vehículos que sale desde el monumento a las 16 y hace un pequeño recorrido por el centro y volviendo al centro», detalló. A su vez, sostuvo que se espera una gran convocatoria debido a que es una actividad que se replicará en todo el territorio argentino.
En relación a la organización de la marcha, explicó que se reunirán a las 15:30 en el monumento y solicitó a los asistentes que adornen sus vehículos. «Venimos haciendo las cosas bien, les pedimos que se siga así. No hace falta bajarse del vehículo», aclaró Castellón. Según detalló, el recorrido se realizará desde Entre Ríos hasta Sarmiento. Luego hasta el monumento 20 de febrero y de ahí hasta el Hospital Materno Infantil. Una vez allí, volverán por Sarmiento hasta Belgrano para volver al monumento a Güemes.
Un nuevo reclamo
Sin embargo, la marcha no será solo para celebrar, sino que también buscan que las autoridades gubernamentales escuchen otro pedido. «Reclamamos de forma paralela que se saquen los protocolos de abortos que hay en todas las provincia», explicó. De acuerdo a lo que expuso, este sistema se implementó en Capital Federal y autoriza a las personas a realizar abortos a los 9 meses de embarazos. También impide que los médicos puedan objetar ante esto y si lo hacen, van presos.
«Pudimos en la cámara de senadores decirle NO al ABORTO como ley pero por esos protocolos que hay en las provincias y en Capital federal que hace unas semanas lo aprobaron, es peor», sostuvo. En el caso de Salta, explicó que existe un un protocolo implementado por el gobierno anterior, en el cual permiten efectuar ese procedimiento de una forma no punible. Por esto, solicitan al gobernador, Gustavo Sáenz, que saque de vigencia el mismo.
