SALTA (Redacción) – El mundo evoluciona, para bien o para mal, pero los tiempos cambian y en ese devenir, algunas instancias quedan obsoletas, añejas y cortas; distanciadas respecto de las demandas y exigencias del presente. Esta lógica interpela al reclamo respecto a la legislación vigente en cuanto a causas judiciales que hacen de los abusos sexuales una incoherencia y un daño multidimensional.
En una entrevista brindada a Radio Profesional 89.9, la fiscal Verónica Simesen de Bielke arremetió contra el sistema y opinó acerca del tema. La misma manifestó que las penas que se aplican en los casos de abuso sexual, entre otros delitos que se registran dentro del mismo espectro, son coherentes de acuerdo al Código Penal vigente. Sin embargo, apuntó contra la falta de actualización de las penas para casos de esta índole y en consonancia con la sociedad actual.
En ese sentido, la Fiscal pidió a los legisladores que apunten su trabajo a una reforma del Código Penal y modifiquen las escalas penales. La misma sostiene que en muchas ocasiones las penas son muy bajas para lo que comprende el delito. Además dio cuenta del daño que produce en las víctimas a posterior. «Sean niños, sean adolescentes, sean adultos, lo que produce en la psiquis de la víctima es otro hecho de abuso«, aseveró.
Nuevo Código Penal en tratamiento
Cabe recordar que el nuevo Código Penal que se encuentra en tratamiento ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación desde el día 4 de junio del 2019. El mismo orienta a lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina. Asimismo, otorga un rol preponderante a la víctima, mientras que aspira a reducir el margen de discrecionalidad judicial a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia durante el proceso.
De esta manera, busca contribuir con la seguridad de la Nación. Paralelamente, permite darle un digesto normativo con previsibilidad a la sociedad y la inserción internacional en el mundo. Precisamente, desde la Fiscalía de Derechos Humanos sostienen que se necesita una reforma estructural para el efectivo cumplimiento efectivo de la ley penal. Además, lograría otorgar previsibilidad, garantizar igualdad y lograr la intervención de la víctima.
