SALTA (Redacción) – Esta tarde los sanatorios, hospitales y clínicas privadas de la Provincia de Salta publicaron un contundente comunicado contra el Gobernador Gustavo Sáenz como respuesta a la acción judicial contra el sector privado. Allí alertaron que «el sistema privado de salud se encuentra prácticamente colapsado» por la expansión de la pandemia de COVID-19.
«Ocupación plena de camas para internación»
En primer lugar, las instituciones sanitarias señalaron el motivo del fuerte texto contra Gustavo Sáenz. «Nos dirigimos a Ud. en relación a las versiones periodísticas que nos imputan falsamente desinterés e indiferencia por pacientes de COVID-19. Y que lo han determinado a la presentación de una acción judicial tendiente a obligarnos a que cumplamos con el deber de asistencia médica», apuntaron.
Sobre esta acción, señalaron al mandatario: «Esto representaría que Salta sea la única provincia en el país con una determinación gubernamental de ese tipo». En la misma línea, el comunicado explica la crisis sanitaria que sufre Salta: «Se traduce en la ocupación plena de las camas para internación. Como también en la saturación de consultas por guardia y por vía telefónica vinculadas con la patología que nos afecta transversalmente».
Luego, los centros de salud privados reclamaron: «Pusimos desde el primer momento nuestra infraestructura a disposición del Gobierno Provincial. Es por ello que un alto porcentaje de los casos vinculados al coronavirus han contado con respuesta eficiente en el servicio de salud privado, el que no ha recibido auxilio económico alguno». «Por el contrario, información oficial ha divulgado que el aparato estatal se ha visto beneficiado con la inversión de $2.000.000.000», manifestaron.
Una acusación «injusta»
«No hemos especulado jamás con la disposición de camas de internación sino todo lo contrario», apunta el texto de las instituciones privadas. y completa: «A pesar de que normativa nacional dispensa a nuestros empleados de cumplir con su carga laboral en supuestos asociados con el Covid-19 y disminuye nuestra capacidad operativa». Allí describieron como «impropia e injusta» descarga de responsabilidades desde el Estado Provincial hacia el sector.
Por esta razón, argumentaron y castigaron a la gestión del Gobierno. «La imposibilidad de asumir adecuadamente la atención de todos los ciudadanos castigados por la pandemia es compatible con la existencia de una infraestructura estatal deficitaria. Lo que fue reconocido por el Señor Gobernador en estos días». Finalmente, señalaron que «no puede dictarse ninguna orden judicial que obligue a cambiar una realidad».
«Aumento del costo de manera exorbitante en medicamentos, material descartable, oxigeno, la existencia de vacantes de toda la rama del personal de salud abocada a la atención de pacientes con patología COVID-19. Y su expansión a niveles con duplicación de la cantidad de contagios prácticamente todas las semanas», describe el texto sobre la situación del sistema de Salud privado.
