La denuncia de Martín Grande y otros 10 diputados, contra Miriam Lewin tuvo un dictamen favorable de parte del fiscal Carlos Stornelli. El funcionario judicial hizo un extenso dictamen de 12 carillas. El escrito asevera que las libertades individuales, como a la expresión y de prensa, están seriamente amenazadas. Además le solicitó también a la jueza María Eugenia Capuchetti que dictara una medida cautelar para prohibir «la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte” de la Defensoría del Público, que ponga en funcionamiento el Observatorio de la Desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio).
Además en el dictamen del fiscal que hizo lugar a la denuncia de Martín Grande y otros parlamentarios de JxC, se estableció que la cautelar abarque a “cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” de NODIO o que haga “posibles mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.
“Una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”, señaló Stornelli en un dictamen que, se espera, reciba fuertes cuestionamientos del oficialismo.
“Nadie podrá discutir lo dañino que suelen ser muchas veces la propalación intencionada denoticias falsas o maliciosas tanto a nivel institucional, como a nivel personal, para quién directamente las sufre, el tema aquí es que el aparato estatal se estaría arrogando vía este famoso observatorio la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso y más cuestionable aún sea arrogaría la todopoderosa potestad de desarticularlas conforme el propio comunicado oficial o en otras palabras aplicarles censura”, señala el escrito que llegó hoy a manos de la jueza.
Stornelli promovió una denuncia presentada por el salteño y otros 10 parlamentarios de Juntos por el Cambio el martes pasado. La denuncia interpuesta había apuntado directamente contra la titular de la Defensoría del Público. Recordemos que el organismo se presentó como el ente de lucha “contra la desinformación y la violencia simbólica”, según argumentó Lewin. En la denuncia, acusaron a la funcionaria de “abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionario público”.
