SALTA (Redacción) – Continúan los conflictos en la zona sur de la provincia por los asentamientos ilegales. Desde hace meses que los vecinos solicitan ayuda del gobernador Gustavo Sáenz y la Policía de Salta para poder solucionar esta situación. En este marco, durante una entrevista en canal 10, un vecino de la zona sostuvo que un grupo de personas del barrio San Remo llevaba a cabo una reunión ilegal para tomar y desalojar el predio donde se encuentran el asentamiento. Sin embargo, desde el centro vecinal negaron esto.
Los vecinos del barrio San Remo utilizaron su cuenta de Facebook para negar estas acusaciones que se difundieron por canal 10. «La comisión directiva del centro vecinal del barrio San Remo aclara ante versiones vertidas en el programa medianoche de Canal 10, donde una persona fue entrevistada vía telefónica, aduciendo una Reunión de 120 vecinos para tomar y desalojar el predio donde se encuentran asentados un grupo de personas , esta comisión no realizo ninguna Reunión», publicaron.
Y agregaron: «Esperamos, como se le planteo al fiscal Horacio Córdoba en la nota presentada, la resolución inmediata a la mediación que vienen realizando». Asimismo, señalaron que ellos no apoyan ni avalan hechos de violencia, ya que creen en la Justicia. Por este motivo, siguen esperando que el Gobierno de Salta acelere los procesos y den soluciones a esta situación.
Más de 30 barrios afectados por esta situación
Según explicaron en la publicación, son 30 barrios afectados por esta situación. «Venimos soportando hechos de inseguridad, violencia verbal, daños contra la propiedad y daños comunitarios», declararon. Recordaron que hace una semana, hubo problemas con los caños del agua, donde se realizaron conexiones ilegales para suministrar de este recurso a los asentamientos de la zona.
«Apelamos al señor gobernador de la provincia de Salta en nota presentada con mas de 300 firmas, que se tome una solución pronta en este conflicto», publicaron en Facebook. Además, agregaron: «Exigimos una solución pronta y definitiva a las personas que necesitan una vivienda. También a las más de 20 mil familias que habitamos estos 30 barrios y castigo a aquellos que promueven hechos de violencia».
