(Por Diego Nofal) La Cámara de Senadores generó una profunda polémica al modificar la ley de minería de la provincia. La Cámara alta provincial introdujo una sorpresiva modificación el articulado. Con la nueva redacción cambia la forma en la que se coparticipan las regalías mineras. Ahora el 70% de los fondos podrán ser utilizados de manera discrecional por ele ejecutivo. Por ese motivo los pueblos originarios señalaron que la nueva redacción de ley atenta contra los derechos indígenas.
“Nosotros viajamos a la ciudad de Salta a reunirnos con la comisión de minería de la Cámara de Senadores para ver si se lo podía pasar a comisión y que los pueblos de Los Andes tengan participación en el proyecto de ley”, señaló Alfredo Casimiro, referente del Consejo de Participación Indígena del pueblo Atacama. El dirigente comunitario señaló que se reunieron con los parlamentarios provinciales que no tuvieron en cuenta sus recomendaciones.
“Las comunidades originarias son las principales afectadas por las empresas que están instaladas en nuestro territorio. Las empresas están destruyendo el medioambiente y el gobierno de la provincia mira para otro lado”, señaló el referente del Pueblo de Atacama. Pero su reclamo no se limitó a una reunión con los legisladores y a una entrevista en los medios. Casimiro anticipó que los pueblos Coya y Atacama denunciarán en el juzgado federal la irregularidad en la que incurrió el gobierno provincial.
“Enviamos una nota al gobernador y no obtuvimos respuesta. Vemos que el gobierno de la provincia no tiene voluntad de sentarse con los pueblos originarios. Así como pasa con los pueblos originarios de Los Andes pasa con el pueblo wichí, el pueblo Diaguita-Calchaquí, pasa en toda la provincia.Vemos que a la provincia no le interesa el tema ambiental sino cuántos recursos van a llegar a sus arcas. Por la ruta 51 pasan camiones de cianuro, de explosivos y la verdad es que es una bomba de tiempo San Antonio y de Olacapato, Pocito, Paso Grande”, espetó el dirigente.
