SALTA (Redacción) – Este miércoles la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, pidió la elevación a juicio de la causa contra 11 policías de Salta. Los cuales están acusados de los delitos de «vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves». «Todo en concurso ideal y en calidad de coautores», detallaron las autoridades. Un dato a considerar es que entre las víctimas había mujeres y una niña, todas de un barrio con mayoría de originarios.
El pedido de la fiscal lo realizó ante el Juzgado de Garantías 6. Cabe detallar que las imputaciones recayeron sobre los efectivos de la Brigada de Investigaciones 3, de Rosario de la Frontera. Estos son Alberto Rafael Juárez, Juan Marcelo Díaz, Daniel Eduardo Martínez, Mario Silvestre Pantaleón Miranda y Gastón Arnaldo Costilla. Así también implica a Oscar Rodrigo Arapa, José Alejandro Mercado, René Ricardo Arias, Pedro Martín Torres, Germán Domingo Torres y Claudio Cristian Peralta.
Un abuso policial de hace casi cuatro años
Por otra parte, podemos mencionar que el pedido surgió porque un caso que ocurrió el 13 de mayo de 2017. En aquel momento, los acusados se presentaron en el barrio La Misión, de Metán, por el llamado de una vecina que denunció que un grupo de jóvenes aparentemente bebía alcohol en la vía pública. Según los testimonios, los policías de Salta llegaron en tres móviles, uniformados, armados con carabinas, escudos y máscaras.
«Dispararon en distintas direcciones e impactaron sobre la integridad física de una niña, de 12 años. Dos mujeres y cuatro varones», detalla el comunicado del Ministerio Público Fiscal. Además, tras las investigaciones, los testimonios incorporados y las pruebas médicas surgieron más agravantes. Los cuales se constataron en las lesiones causadas a las víctimas.
«Se advirtió con claridad manifiesta que el uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales excedió los límites permitidos y que de ningún modo, se hallaba legítimamente justificada», describieron las autoridades. «Surgió así la atribución de responsabilidad de los acusados», indicaron.
«Mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes», agrega el comunicado oficial. Por lo que estos últimos tenían «la posibilidad de evitar las lesiones sobre las víctimas». «Sin desplegar ninguna acción en tal sentido, por lo que omitieron cumplir con el deber legal de resguardar la integridad física de las víctimas», definieron.
El uso de la fuerza «cuando es necesario»
Por su parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo en sus argumentos que el accionar injustificado de los efectivos policiales excedió claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742. Esta normativa autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”. No obstante consideró que las lesiones en las víctimas permiten sostener que la conducta desplegada por los policías «afectó los derechos de los sujetos pasivos».
«El uso de la fuerza por parte de los miembros de la institución policial sólo resulta legítimo cuando su despliegue es necesario e imprescindible», remarcó la fiscal. «Y siempre debe ajustar y ser proporcional a las particularidades del caso. En otras palabras, la fuerza sólo resultará legítima cuando constituya un mínimo suficiente para vencer la resistencia”, sentenció.
