En el marco de la semana de las comunidades indígenas, los referentes pueblos originarios de Salta mantuvieron un encuentro virtual donde debatieron sobre la prórroga de la Ley 26.160. Además, señalaron las dificultades que han tenido porque a pesar a su vigencia han sido desalojados y criminalizados por la justicia. También hablaron de la necesidad de que el Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, les reconozca y entregue los títulos de los territorios que reclaman como ancestrales.
De este modo, en el marco del vencimiento de la prórroga de la ley 26.160, la principal preocupación que manifestaron los referentes de pueblos originarios fue la de sus territorios. En este sentido, la mburuvicha (cacica) Mónica Romero, de la Comunidad Guaraní Estación El Tabacal pide el reconocimiento de 5 mil hectáreas de territorio ancestral en Hipólito Yriyoyen, un territorio que disputan con la empresa Seabord Corporation.
Además, relató que el 16 de septiembre de 2003 fueron desalojados, reprimidos y detenidos. En otro punto del encuentro rememoró que después hicieron una caminata hasta Buenos Aires para exponer su situación. Y también marcharon para buscar el amparo del gobierno nacional. Allí explicó que esa vez pudieron reunirse con Alicia Kirchner, quien después envió cosas a la comunidad. No obstante no tuvieron una solución con el tema del territorio.
Por otra parte, la cacica lamentó que el municipio a cargo del intendente Alfredo Sosa los tiene en estado de abandono. Reveló que hace pocos días que hicieron un convenio con la empresa para realizar un camino turístico en la zona que la comunidad guaraní reclama. Del mismo modo señaló que tienen un juicio con la Seabord y que hay una cautelar de no innovar. Sin embargo, aseguró que «nunca se ha respetado eso» por parte de la empresa.
Los participantes del encuentro
Finalmente, Romero lamentó que el INAI no hizo el relevamiento territorial en su comunidad. Y apuntó en cambio que sí lo hizo con otra comunidad que reclama solo dos hectáreas y que se formó de una división con la suya durante el reclamo ante la Seabord. También participaron desde Tartagal la comunicadora Nancy López de la comunidad Weenhayek Oh ka Pukie (Mi Troja); el niyat (cacique) de Kyelhyuktaj, Isaías Fernández; y la cacica de la comunidad Siwok (El Carpintero) Elizabeth Medina.
Participó también el integrante del Consejo de Pueblos Indígenas (CPI) por Pueblo Diaguita, Juan Condorí, y Tiburcio Flores, de la comisión de Misión Chaqueña Fwa’ Achat, del Pueblo Wichí. Este encuentro fue organizado por la diputada nacional Alcira Figueroa, y participó también el abogado que forma parte de su equipo, Martín Plaza, de origen diaguita.
La diputada nacional se comprometió a trabajar en proyectos de ley. Allí se refirió a las dificultades para las comunidades de sobrevivir en la pandemia. Mencionó los conflictos territoriales que se incrementan, la preocupación por los avances indiscriminados de los desmontes, la contaminación, el uso de agroquímicos y las consecuencias para la salud que asoció a cánceres y malformaciones.
