SALTA (Redacción)- Los cortes de la ruta nacional 34 en el departamento San Martín se mantienen desde la semana pasada. Los originarios pertenecen a la comunidad Arenales, ubicada entre el aeropuerto y la entrada sur de la localidad de General Mosconi. Estos ciudadanos exigen la instalación de redes eléctricas en esa comunidad. Pero el motivo por el cual la prestataria del servicio en la provincia de Salta, no puede realizarlo por un litigio judicial con los dueños de finca El Amparo.
Edesa, no puede avanzar con los trabajos ya que el Ente Regulador de los servicios públicos emitió una resolución mediante la cual impide la realización de los trabajos por parte de la prestataria del servicio por existir un litigio judicial entre los titulares de finca El Amparo, perteneciente a la firma León y Chibán. Ellos ya solicitaron ante la Justicia y el propio Ente que no se realicen trabajos de ninguna naturaleza sobre el lote N´ 1565, donde está asentada esa comunidad y otras aledañas.
El problema aquí es que estas razones no son escuchadas por los originarios. Es por eso que hasta hoy, se mantienen el corte de ruta. Esta suspensión de tránsito la lidera el Wichí Benito Pereyra. Y a este reclamo se sumó también al corte de Coronel Cornejo, donde los pobladores solicitaban de forma urgente la municipalización de esa comunidad que pertenece al municipio de Mosconi.
Victorino Lorenzo, por su parte, un antiguo dirigente de Arenales, se manifestó en contra del corte de ruta. El dirigente declaró que «el problema más grande es la política de los organismos como el IPPIS y el INAI, que en lugar de trabajar para las comunidades las terminan dividiendo”. “El juicio al que me refiero y por el que Edesa no puede avanzar con los trabajos está sobre las 1.253 hectáreas y las fracciones ubicadas al este de la ruta 34 son la A y la B, y al oeste está la fracción C, donde se ubicó Benito Pereyra” relató.
Además aclaró que “nosotros como autoridades habíamos conseguido un subsidio para que la comunidad tenga iluminación. Le dimos luz, tenía su medidor y el intendente le dio casa. Pero el problema es que él quiere ser autoridad» denunció. Y expresó que Pereyra y dirigentes de otras comunidades «no son actores en la demanda judicial. Esta situación le quita la posibilidad de ejercer derechos.
