Una familia de la comunidad wichí atraviesa momentos de mucha angustia tras recibir una notificación que parece más una amenaza que una advertencia judicial. El abogado, representante de la familia, indicó a los medios de comunicación que en los últimos días les enviaron tres notificaciones judiciales distintas. Para ellos, se trata de una política de criminalización, por lo que decidieron hacer público el caso.
Según indicaron los involucrados, la primera notificación fue una audiencia de imputación para los hermanos y hermanas de la comunidad wichí de Embarcación, pedido que salió de la fiscal Gabriela Souto. El denunciante es Ortega Velarde que forma parte de la Finca Agropecuaria Suipacha S.A. Esta empresa tiene varias denuncias en su contra, acusada de realizar desmontes de manera ilegal.
El abogado de la familia, Martín Plaza remarcó que “no es casual está audiencia de imputación. Hay un mensaje de disciplinamiento por parte del Ministerio Público. Todas estas acciones demuestran una política de criminalización que preocupa bastante porque hay un mensaje detrás de eso. No se criminaliza a cualquier indígena, se está buscando criminalizar aquellos referentes y referentas que están en la lucha por la defensa del territorio, y justamente en causas donde los denunciaste son grandes empresarios”
Dos de las notificaciones que llegaron a la comunidad wichí tienen la firma de la fiscal Gabriela Souto y la segunda provino desde un Juzgado de Orán y se trataba de la sentencia de desalojo para la comunidad wichí de Algarrobal. La tercera y última notificación fue una elevación a juicio a la comunidad La Aguada, requerido por el fiscal Ezequiel Molinatti. Esto generó gran preocupación en la comunidad, por lo que recurrieron a un abogado para que los defendiera.
“Esto demuestra también un lobby, preocupa muchísimo, con un procurador general del Ministerio Público (Abel Cornejo) que pareciera tener un discurso proclive a los derechos humanos, pero en la práctica, sus fiscales profundizan la criminalización”, expresó Plaza y rápidamente remarcó que “si por otro lado a eso, la política es profundizar la criminalización de los pueblos originarios lamentablemente no hay una perspectiva de Derechos Humanos en el ejercicio del Ministerio Público”.
