SALTA (Redacción) – Gustavo Solís, el intendente de Rosario de la Frontera, lleva adelante una investigación judicial. El mandatario está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real. El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud planteada por su defensa técnica.
La causa fue requerida a juicio por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke. Del fallo se desprendió que si bien el imputado, en su descargo por escrito, solicitó al Ministerio Público Fiscal que tuviera presente hechos relatados y se ordenara la evacuación de citas sobre sus manifestaciones, lo hizo de manera genérica.
El imputado no especificó las diligencias que resultaran pertinentes y útiles, conforme a la tesis defensiva planteada respecto de la hipótesis de la Fiscalía. La defensa en esta situación adujo que esas diligencias consistían en la verificación de una batería de circunstancias, al menos 43, a las que se refirió el imputado en su declaración.
Pero el Juez interviniente consideró que en el ejercicio del derecho de defensa, el imputado y sus defensores pudieron proponer y ofrecer pruebas de manera detallada y no genérica como lo hicieron. De esta manera el órgano acusador hubiera podido evaluar si las medidas solicitadas resultaban pertinentes y útiles a la investigación.
Cabe recordar que la causa fue requerida a juicio a finales de febrero de este año. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke sostuvo en sus fundamentos que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado. Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio.
