SALTA (Redacción) – La escasez de dosis en Argentina llevó a que el operativo de vacunación sufra retrasos. Ante ello, las provincias comenzaron a gestionar los trámites para poder comprar vacunas contra el coronavirus de forma independiente. Estas se sumarían a las entregadas y distribuidas por Nación. En este marco, Salta aprobó el proyecto presentado ante la Legislatura para permitir que el Ejecutivo efectúe la compra de los fármacos.
Luego de un intenso debate, se aprobó la ley que autoriza al Gobierno provincial a comprar vacunas para combatir la pandemia de coronavirus en Salta. El día de ayer, después de todo este proceso legislativo, la normativa se puso en vigencia mediante el decreto 484 que firmó el gobernador, Gustavo Sáenz, el ministro de Salud, Juan José Esteban y el secretario de Gobernación, Matías Posadas.
Puntos de la normativa
«Declárase de interés público provincial la compra de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria», aclara el artículo 1° de la ley. Así también aprobaron cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición.
En punto b del artículo 2° establecen que existirán «condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones pecuniarios relacionados con y en favor de quienes participen de la provisión y suministro de las vacunas. Solo habrá excepción para aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos.
Para finalizar, también establecieron cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas contra el coronavirus. Todos los contratos y/o convenios celebrados en la presente ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Provincia. Así también deberán presentarse ante las autoridades de ambas Cámaras Legislativas, con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad.
