SALTA (Redacción) – Las repercusiones por el cierre de fronteras y el cupo de ingreso al país siguen saliendo a la luz. En esta oportunidad, Amnistía Internacional acusó a Argentina de violar los Derechos Humanos al dejar a sus habitantes varados en el exterior. Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización, señaló que hay muchas irregularidades en las restricciones vigentes y pidió prontas soluciones.
“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando Derechos Humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, aseguró enfática Mariela Belski.
Hace unos días, las aerolíneas que funcionan en el país informaron que son cerca de 14.000 los argentinos varados en el exterior. Por este motivo, solicitaron al Gobierno nacional que deje de lado las restricciones para estas personas puedan volver a sus hogares. Luego de este petitorio, las autoridades le concedieron una reunión al sector aeronáutico. Durante el encuentro dialogaron sobre las medidas, pero no llegaron a ningún acuerdo.
Ante dicha situación, hoy Amnistía Internacional pidió una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva humanística. Según Belski, la medida vigente en Argentina «no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos”. Por ello, comenzaron a relevar datos sobre casos de pasajeros varados en el exterior, los cuales se remitirán a las autoridades nacionales.
Condiciones necesarias
La organización recalcó que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias». Asimismo, sostuvo que «el respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”. Esto es un requisito del cual carece las restricciones vigentes en el país.
