SALTA (Redacción) – El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con autoridades del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Prof. Afines y del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Todos expresaron «la necesidad de mejorar los mecanismos de control y sanción» del ejercicio ilegal de la profesión en esos ámbitos ante las reiteradas estafas en Salta. También participó la diputada provincial Mónica Juárez.
En este marco, todos los partipantes de la reunión destacaron la necesidad de poner en funcionamiento la Fiscalía de Ciberdelitos. Además, señalaron que la mayoría de las estafas en Salta se cometen a través de redes sociales. Por su parte, la legisladora se comprometió a avanzar en la presentación de un proyecto de ley que «endurezca las sanciones» al ejercicio ilegal de las profesiones en la provincia.
Según detallaron desde el Ministerio Público, la presidenta del COPAIPA, Marianela Ibarra y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Juan Martín Biella, compartieron información sobre irregularidades e ilícitos que se denuncian en ambas instituciones. Y mencionaron las formas posibles de endurecer las sanciones vigentes. “La protección no será solo para los profesionales. Sino especialmente para los ciudadanos que requieren servicios y quienes son potenciales víctimas”, advirtió Biella.
Promesa de un proyecto de ley
La legisladora Mónica Juárez consideró que al tratarse de “casos muy complejos, -los que involucran a falsos profesionales y que incurren en el delito de falsificación de instrumentos públicos-, la situación obliga a pensar en endurecer la legislación y sus sanciones”. Cabe mencioar que entre los delitos más denunciados en los colegios profesionales, se encuentran el ejercicio ilegal de la profesión, las estafas, ventas falsas y loteos inexistentes.
De esta forma, la diputada se comprometió a avanzar en la presentación de un proyecto de ley. «El delito está tipificado en el art. 247 del Código Penal y prevé pena de prisión, con un mínimo de quince días y máximo de un año, a quienes ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer título o la autorización correspondiente», contaron desde el organismo.
Finalmente, los presentes apuntaron a «la necesidad de acordar las herramientas para mejorar el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión». «A través de procedimientos que agilicen el camino entre la denuncia radicada en los colegios y la investigación de las Fiscalías intervinientes. Dichos procedimientos quedarían plasmados en un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y los colegios profesionales implicados», cerraron.
