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Un empleado del Ministerio de Educación de Salta fue condenado por fraude pero quedó en libertad

El hombre de 35 años resultó condenado por el delito de «fraude a la administración pública» dentro del minsiterio

Ministerio de Educación de Salta
Sistema del Ministerio de Educación de Salta

SALTA (Redacción) – Un integrante del Ministerio de Educación de Salta terminó condenado por liquidar mal los sueldos de los docentes de la Provincia. Precisamente, el sujeto de 35 años recibió una pena dos años de prisión condicional. De este modo, la jueza Paola Marocco dispuso que continúe en libertad pero con la obligación de trabajar en el Hospital Público de Metán. También tiene que pagar una enorme indemnización por daños.

Cabe completar que Marcelo Nicolás González recibió la «inhabilitación especial perpetua» para ejercer funciones públicas. «Por resultar autor del delito de fraude a la administración pública», detalló el fallo de la magistrada que integra la Sala VII del Tribunal de Juicio. Según detallaron, el sujeto era «técnico liquidador de sueldos» en la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

Sobre como lo atraparon, el informe de la Justicia apunta que se dio a partir de «un reporte solicitado a la Dirección General de Informática». Allí pidieron los registros de liquidaciones realizados de forma manual a cargo del condenado. «Se detectaron importes que no coincidían con la grilla salarial vigente ni con la situación de revista de los docentes a quienes se destinó el pago», revelaron sobre la maniobra.

En la misma línea contaron que estas «liquidaciones irregulares» se efectuaron entre 2014 y 2015. «La irregularidad salió a la luz a partir de una consulta realizada por la coordinadora de los Institutos de Idiomas de Salta», precisó el Poder Judicial a través de un comunicado. Además, aclararon que la denuncia contra González la presentaron desde el propio Ministro de Educación.

La multa y las sanciones para que el estafador evite la cárcel

Como resultado de todo el proceso, la jueza hizo lugar a la demanda civil presentada y lo condenó a González a pagar al Estado provincial la suma de 22.500 pesos. «En concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes», describió la magistrada en su fallo. Por otra parte, enumeró las reglas que deberá cumplir «para conservar la prisión en suspenso»

«Deberá fijar residencia, mantenerla actualizada y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados», indicó en primer lugar. Luego le ordenó: «Realizar trabajos no remunerados a favor del Estado durante el término de seis meses, cumpliendo cinco horas semanales en el Hospital Público de Metán, fuera de sus horarios habituales de trabajo.Aabstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. Todo ello por el término de dos años».

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