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SOCIEDAD

Organizaciones sociales reclaman la estatización de los servicios públicos

Gabriela Cerrano, dirigente del PO acompañó la marcha que realizaron los movimientos sociales en contra de los aumentos en las tarifas.

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SALTA (Redacción) – Esta mañana, un grupo de organizaciones sociales, marcharon hacia el Ente regulador de servicio públicos en contra de los aumentos previstos para las tarifas de luz y agua. Esta mañana se llevaba adelante la audiencia pública del agua. Al respecto, Gabriela Cerrano, ex legisladora acompañó la comitiva y manifestó su descontento. Además reclamó la estatización de los mismos.

La dirigente del PO criticó que la audiencia no sea vinculante. Para la ex senadora, es irrisorio que la empresa EDESA se victimice, cuando los vecinos tienen que optar entre comer o pagar la boleta. “Siempre buscan la manera de evadir responsabilidades y cuando los vecinos quieren hacer un reclamo sólo les dan un número”, remarcó ante varios medios de comunicación.

Cerrano Añadió que “con Aguas del Norte pasa lo mismo porque son empresas a las que no les interesa brindar un servicio de calidad, para ellos es solo un negocio”. Y reclamó que “hay que pensar en estatizar los servicios de luz y agua, porque hay vecinos que están quedando fuera del sistema. Se les acumulan boletas y no pueden ni siquiera afrontar un plan de pago”, dijo. 

Finalmente, la senadora mandato cumplido declaró que al parecer no hay más grieta porque “todos están de acuerdo con el tarifazos. “Esos son los requerimientos que está haciendo el Fondo Monetario porque pide que el Estado haga un ajuste sobre los subsidios que entrega a las empresas de servicios y se lo traslade a los usuarios”, manifestó.

Aumento en la luz

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, dijo “estamos trabajando con una consultora que está presentando un informe preliminar. Lo que tenemos en claro es que, primero, aquí no vamos a trabajar sobre el índice de inflación, sino a 3% al mes de inflación, sería algo que ningún usuario podría pagar”, aseveró.

Del mismo modo indicó que “tenemos un tope social, es el bolsillo del contribuyente. No habrá incremento que pudiera corresponder con sumas o porcentajes superiores a los incrementos salariales”, planteó Saravia. Y agregó que el segundo punto será “la razonabilidad del trabajo de una empresa, aquí se debe contemplar realidades sociales”.

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