SALTA (Redacción) – El instituto provincial de la vivienda (IPV) continua en campaña para regularizar a casi el 50% de los beneficiarios de viviendas sociales para que paguen sus cuotas mensuales. Desde el organismo indican que están intensificando las tareas en terreno para el recupero y así poder avanzar en la construcción de más de ellas.
El déficit habitacional en la provincia se ubica actualmente en las 70 mil unidades, que es justamente la cantidad de viviendas que el Instituto pudo construir en sus 43 años de historia en Salta. Se construyeron 75 barrios hasta la fecha. Por ello el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, aseguró que se han cometido errores y que «siempre se trabaja con la demanda por detrás» declaró ante medios de comunicación locales.
Según explicó el funcionario, la proyección técnica del Instituto apunta a mejorar los índices de recupero de cuotas y bajar la morosidad con el objetivo de retroalimentar el financiamiento del organismo y avanzar con la construcción de nuevas viviendas. La morosidad en el pago de cuotas es alta, ya que llega al 41,8 por ciento, aunque es sensiblemente menor a la del año pasado.
“La morosidad se sostiene desde hace tiempo casi por una cuestión cultural de pensar que por ser una vivienda social es gratis”, declaró carrizo. Además, señaló que este es un pensamiento que es necesario erradicar. «Está establecido entre la gente que la vivienda social no se debería pagar, pero forma parte de un trabajo de concientización para darle el valor de solidaridad a nuestra tarea”.
Cuando llegamos al terreno siempre decimos que esto es totalmente solidario y que a medida que se pagan las cuotas vamos a poder avanzar con la construcción de más viviendas», sostuvo presidente del organismo. Y comentó que existen planes con cuotas que quedaron desactualizadas de 100 pesos mensuales pero que, pese a ello, mantienen una alta morosidad.
Actualmente el sistema para financiar a los adjudicatarios contempla ingresos de hasta 8 salarios mínimos. Por debajo de esa escala se desarrollan otros programas, como soluciones habitacionales. Y financia a 30 años la unidad y la infraestructura, con un coeficiente de variación que por el momento está vinculado a los salarios. Este sistema está vigente desde 2018.
El IPV se sostiene hoy con fondos provinciales y fondos que vienen del gobierno nacional, aunque estos últimos constituyen la mayor parte. Con la denominada cuota goteo o cuota Fonavi que la Nación deposita todos los meses como coparticipación de un impuesto al combustible. Ese monto se ubica hoy en los 17 mil millones de pesos anuales.
Los planes nacionales de vivienda contemplan el financiamiento del 100 por ciento del valor de la vivienda, pero no así la infraestructura. Esos fondos son aportados por la Provincia. «Hay que considerar que un pozo de agua sale 20 millones de pesos, más la luz y todas las redes para las viviendas», especificó Carrizo.