SALTA (Redacción) – Durante la pandemia se despertó un debate que recorre los hogares y los pasillos, generando diferentes versiones acerca del mismo proceder. Se trata de la gestión de las autoridades tanto a nivel nacional como provincial. De manera paralela a la versión oficial, hemos podido acceder a archivos y protagonistas que daban cuenta de un desfasaje respecto a lo que se dice de aquello que realmente se hace. Sucedió con la gestión del Coronavirus en el territorio al igual que con otros temas de carácter político, económico y social. Esta vez, la libertad de expresión está en jaque.
Si algo le faltaba a este vaso tan lleno, era esa gota que podría hacerlo rebalsar. Es el caso de la gestión municipal que continúa sembrando dudas, incertidumbre, críticas y repudio. En las últimas horas, se viralizó un documento legal y auténtico que da cuenta de la obsesión de conquistar el discurso y polarizarlo. Un gesto que no hace más que profundizar la grieta.
Se trata del memorándum interno 182/20, con fecha lunes 3 de agosto. El mismo está destinado a los oficiales de servicio y jefes de guardia de la secretaría de Movilidad Ciudadana. Allí se expresa y se notifica textualmente que: “por orden de la superioridad, a partir de la fecha ESTÁ PROHIBIDO DAR INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES”.
Asimismo, el documento aclara que “toda información estaría canalizada a través de la secretaría de prensa de la municipalidad de la ciudad de salta”. Si bien los comunicados oficiales por parte de la Municipalidad son necesarios, de la misma manera lo son los medios de comunicación a través de los cuales la ciudadanía ejerce su derecho de tener acceso a la información y cuestionarla por qué no.
Una grieta sin fondo
Esta novedad abrió un gran debate dejando claro que los comunicados oficiales no siempre acompañan la demanda de los profesionales de la prensa ni de la comunidad misma. A su vez, volvió a poner sobre la mesa el tire y afloje constante que caracteriza esta dinámica; una realidad en la que el acceso a la fuente en forma directa, ya sea para profundizar o verificar información, muchas veces se vuelve un viaje de ida sin destino aparente.
Cabe recordar que rige en las leyes como lo es la Declaración de Chapultepec, que los tres niveles del estado están obligados a proporcionar información. Esta declaración fue adoptada el 11 de marzo de 1994, por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, celebrada en México, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De esta manera, Movilidad Ciudadana vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Un conflicto que comenzó con los trabajadores de tránsito, los inspectores, las modificaciones en materia de circulación vial y que por estos días dio lugar a un nuevo sistema para labrar infracciones. Con los tantos así, el conflicto se encrudece y sólo agita las aguas.
