SALTA (Redacción) – El proyecto de ley para la declaración de la emergencia alimentaria en el país ingresó ayer lunes por la tarde a la Cámara de Diputados de la Nación. De esta forma, el próximo jueves se realizará una sesión especial para debatirlo. La iniciativa logró el acuerdo de diferentes bloques de la oposición, ya que circulaban varios proyectos distintos, mientras el Gobierno insiste en los alcances de la emergencia social.
De acuerdo a lo que expresa el texto ingresado, resuelve «un incremento de emergencia» de las partidas presupuestarias actuales, que esta fijado en un 50%, como mínimo, y son destinadas a la alimentación y nutrición en todo el territorio argentino. Además, la emergencia alimentaria nacional que vence el 31 de diciembre este año, se prorrogaría hasta el 31 de diciembre del próximo 2022.
A pesar de que se había fijado la jornada de este lunes para el ingreso formal del proyecto parlamentaria, el trámite se realizó recién pasadas las 19 horas en la Mesa de Entradas de la Cámara Baja. En el documento, se observaron las 13 firmas de los representantes del Frente de Todos, el bloque Justicialista, Unidad Justicialista de la Provincia de San Luis y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones. En los fundamentos del proyecto, los legisladores indican que «comer bien y barato es un derecho y no un privilegio».
Luego de conseguir el consenso en un proyecto único que permita declarar la emergencia alimentaria, los legisladores opositores solicitaron que se realice una sesión especial este jueves 12 de septiembre, a partir de las 11 horas. Allí buscarán aprobarlo sobre tablas y deberán obtener dos tercios de los votos de presentes, por tanto deberá presentarse el oficialismo. «Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina», proclama el documento.
Además, añaden que ésta «es una demanda que ha sido reclamada por gobiernos provinciales y municipales, partidos políticos, la CGT y diversas centrales sindicales, iglesias, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de estudios». El proyecto de ley, permite también que el Poder Ejecutivo Nacional disponga «las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
«Logramos unificar un proyecto de emergencia alimentaria para ser tratado el jueves en sesión especial. La oposición está unida y decidida a aprobar la emergencia alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente» explicó el diputado nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. Además, aseguró: «el Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves. De no ser así, avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción».
El proyecto ley también precisa que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación. Y mientras se extienda la emergencia alimentaria, faculta al Jefe de Gabinete de la Nación, a que actualice de forma trimestral esas partidas presupuestarias considerando «referencias mínimas». Por un lado, en el incremento de «alimentos y bebidas no alcohólicas» del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y por otro, según la variación de la canasta básica alimentaria del INDEC.
