SALTA (Redacción) – En el día de ayer se llevó a cabo una nueva manifestación en contra del Gobierno Nacional y la decisión que tomó Alberto Fernández de querer llevar adelante la expropiación de Vicentín. La ciudadanía opositora se manifestó en distintos puntos del país para hacerle notar al Ejecutivo Nacional su disconformidad con la iniciativa del Gobierno de «inmiscuirse en la actividad privada».
Ya en la semana con el cruce del presidente y la periodista Cristina Pérez daba indicios de que el banderazo que estaba convocado para el día de ayer darían cuenta de los ánimos crispados en torno a la causa Vicentín. Por ello, la multitudinaria convocatoria no llamó la atención, aunque sí sumó más consignas como el pedido del cese de la cuarentena, además de acusar al Estado Nacional de falsear las cifras en torno al coronavirus.
Sin embargo, el propio Presidente descartó que vaya a cambiar de parecer en torno a la decisión de la expropiación que según sostiene es para salvar las fuentes laborales de los trabajadores de la aceitera. Pese a ello, el sector del agro está muy molesto por la intromisión del Ejecutivo en una empresa de actividad privada y que estaba próxima a un concurso de acreedores. Recordemos que ante esta situación, la propia Vicentín publicó en los distintos diarios una solicitada donde calificaba a la medida de «injusta, arbitraria e ilegal».
«El pasado lunes 8 de junio hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal», había denunciado la empresa aceitera.
Las irregularidades de Vicentín
El Banco de la Nación Argentina (BNA) le brindó un crédito a la Empresa Vicentín durante la gestión de Javier González Fraga en el Gobierno anterior. El préstamo implicaba la suma de 18.370 millones de pesos, donde el 78 por ciento de la deuda le pertenece a esta institución financiera. El siguiente acreedor de la agroexportadora es el Banco Provincia, pero muy alejado a este con unos $1.623 millones. La empresa jamás presentó un plan de pago de la deuda, además está siendo investigada por una serie de triangulaciones vinculadas a la fuga de divisas.
