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“Plan de los 1.000 días”: ¿En qué consiste el pago de esta nueva asistencia del gobierno nacional?

A la par de la legalización del aborto, se suma un plan que busca contener la salud durante el el embarazo y la primera infancia.

SALTA (Redacción) – A medida que el año se acaba, un sinfín de decisiones políticas y sociales movilizan la agenda y el humor social. Mientras que el Presidente de la Nación confirmó este martes el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso Nacional para que sea debatido en la Cámara de Diputados, se conoció otra iniciativa paralela. De hecho, Alberto Fernández ingresó el proyecto llamado “Plan de los 1000 días”.

 En términos formales, se trata de la  Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, también denominado “plan de los 1.000 días”. De aprobarse, diversos cambios en la asistencia económica así como decisiones administrativas importantes tendrían lugar a nivel nacional.  Para comprender aún más la iniciativa, El Intransigente dio detalles de la misma.

Los beneficios económicos: nuevas asignaciones y extensiones económicas

Esta iniciativa, que rige en la provincia de San Juan desde el año 2016, apunta a «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición». Además, prevé «la prevención la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”, según definió el propio Presidente, publicó la agencia Télam.

De acuerdo al texto del proyecto enviado al Congreso, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral. La misma consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH). Ésta se concretará una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Éste último beneficio pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación. También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la AUH. Este programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia.

Se profundiza el derecho a la identidad y la protección

Para ello, se coordinarán y ampliarán los programas existentes. A su vez, se propone la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales. Al respecto, se busca garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. El documento oficial también insta a la simplificación de trámites y el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada a las familias, monitoreo y seguimiento de los casos.

Además, se prevé un informe anual ante el Congreso para rendición de cuentas sobre la marcha del programa. En esta misma línea, también se destaca el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”. También incluye a “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”; “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.

Una nueva demanda presupuestaria: “Unidad de Coordinación Administrativa”

Con el objetivo de cumplir con “la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años”, el proyecto supone la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, de una Unidad de Coordinación Administrativa.

“Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley”. En esta línea, estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ANSES, RENAPER y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Por último, “en aquellos casos en los cuales, en el marco de la atención sanitaria, se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género, los equipos profesionales y personal interviniente tienen el deber de informar a las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes sobre los derechos establecidos en la Ley Nº 26.485. Además, deben atender los recursos de atención y denuncia existentes”, establece el proyecto.

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