A penas finalizó la feria judicial de enero, la Justicia notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) una resolución que significa un duro golpe para el organismo. Porque ordena restablecer la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones a pesar de las medidas del Gobierno nacional. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) informó que también declara como «inconstitucional» la declaración como servicios públicos.
Como bien indica El Intransigente, ATVC explicó la situación mediante un comunicado. Allí indicaron que la medida cautelar fue iniciada por un representante de la industria de las telecomunicaciones de la provincia de Córdoba. En tanto, el fallo judicial determina la suspensión del DNU 690. Se trata del que había declarado como «servicios públicos a la TV paga, telefonía móvil e internet». Así también suspende todo acto dictado como consecuencia de dichas normativas.
«Condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso»
De esta manera, según dispuso la asociación mencionada, el fallo ordena al Poder Ejecutivo y al ENACOM «abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva». En consecuencia, la entidad reguladora de los servicios de telecomunicaciones no podrá dictar medidas que deriven del DNU 690. Tampoco ejecutar las que fueron establecidas en el último mes.
Luego, desde ATVC castigaron el decreto que declaró como «servicios públicos» a las telecomunicaciones. Asimismo lamentaron el consiguiente congelamiento de precios. Aseguran que impide a las empresas «poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy». También detallaron que la situación en el rubro «empeoró» con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre último. Este solo autorizó un aumento de entre el 5 y el 8%.
Finalmente, apuntaron: «Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos-terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación». «Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia. Y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso», vaticinaron de forma contundente.
