SALTA (Redacción)- La ley de biocombustible, vence el 12 de mayo y no hay tiempo para que el Congreso de la Nación emita una nueva norma. Es por eso que desde el gobierno nacional, específicamente el secretario de Energía Darío Martínez, confirmo que la misma será prorrogada por 60 días. En la Argentina hay más de 54 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en diez provincias.
«Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen. Hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de Bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes», marcó Martínez. Además agregó que «la transición energética en el mundo es lo que viene y en la Argentina también».
Por su parte, desde los sectores afectados, estaban molestos por las faltas de respuestas. Era sabido que la ley no iba a tratarse por el contexto de pandemia y la suspensión de sesiones en el Congreso de la nación, pero esperaban un respiro. Fuentes del sector azucarero antes de conocerse la dilación de la norma, se expresaron y dijeron que «la prórroga por decreto es lo más probable. No hay otra alternativa, porque no se puede caer en un vacío legal».
El secretario de Energía, antes del anuncio compartió una jornada de trabajo con el gobernador Juan Manzur de Tucumán, en la que además de supervisar la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET), se interiorizó sobre la producción de Bioetanol en dos ingenios azucareros.
Detalles de la ley de biocombustible
La Ley es la 26.093, denominada «Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles» es clave para la política petrolera, y también para los ingenios azucareros. Actualmente está dispuesta la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%). El biodiésel argentino genera unos 300.000 empleos, entre directos e indirectos.
La discontinuidad de la ley no solo generaría un enorme daño a las economías de provincias productoras, con pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que impactaría sobre inversiones por miles de millones de dólares realizadas en los últimos 15 años. En la Argentina hay más de 54 plantas productoras de biocombustibles, radicadas en diez provincias.
