SALTA (Redacción) – El Fondo de Reparación Covid- 19, creado por el Gobierno nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pagará millonarias indemnizaciones a las personas que sufran «daños físicos» como consecuencia directa de haberse aplicado alguna de las vacunas contra el coronavirus en la Argentina.
El decreto 431/21, publicado este sábado en el Boletín Oficial, estableció esa herramienta para centralizar el «pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19», relata.
“Serán potenciales beneficiarias del resarcimiento, todas las personas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de suministros suscriptos en el marco de la presente ley (27.573) por el Ministerio de Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen en el marco del artículo 12 bis de esta ley», indican.
«El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna, mediante la preponderancia de la evidencia. No será necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño», señaló el Gobierno. Y en caso de fallecimiento, tendrán derecho a percibir la indemnización sus hijos”, decretaron.
El monto se fijó en 240 veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA. Es decir, 5.535.528 pesos. «Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas», aclaró el decreto 431/21.
El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, «establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia. Además se determinó que el reclamo de la indemnización prevista prescribe a los tres años: el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19.
