SALTA (Redacción) – Recientemente, el municipio de San Lorenzo fue noticia por las denuncias del actual intendente, José Manuel Saravia. El mismo advirtió acerca de las internas de corrupción que tenían lugar en el municipio en la gestión anterior. En este marco, denunció la existencia de “vales” destinados a gastos extraoficiales, entre otras causas. Finalmente, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se expidió al respecto.
La fiscal imputó provisionalmente al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, al exsecretario de Hacienda del mismo municipio, Rogelio Higinio Guaymás y al exconcejal y hermano del exintendente, Aldo Dalmiro Gonza. Todos están acusados de distintos delitos en perjuicio de la administración pública. Hasta el momento ninguno prestó declaración.
La causa en torno al exjefe comunal
Ernesto Fernando Gonza fue imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. Del decreto de imputación surge que el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión.
Asimismo, dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. A ello, se suma la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato. También se tiene acreditado que Gonza realizó un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo. La maniobra fue a cambio de una suma de dinero que a todas luces resulta irrisoria e incompatible con la función ejercida.
El ex secretario de Hacienda y una suma de $3.701.724 en su contra
Rogelio Higinio Guaymás, está imputado por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real. Al igual que Gonza, el mismo incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal.
La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos. De hecho, percibió durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos endilgados no podrían haberse llevado a cabo.
El hermano, Aldo Dalmiro Gonza, partícipe necesario
La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras de fraude a la administración municipal no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza. Se asegura que éste último, a sabiendas que no formaba parte esa administración, retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019. Para ello, aceptó vales sin la constancia de la efectiva devolución de los montos.
Por todo esto, es responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario.
Auditoría externa
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, en la que precisó que dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza. Ésta comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y se pudo determinar diversas observaciones.
Se trata de la inexistencia de un sistema de control interno; es decir, de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control. Lo mismo sucedió respecto al incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios. A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados durante ese período.
Con los gastos por las nubes
Paralelamente, se constató el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras. Al efectuarse la observación general por rubros, también hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes. También, se identificaron retiros de dinero en efectivo, autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda. Al realizar el relevamiento de dichos fondos, las extracciones referidas no se registraron en el sistema informático.
En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero. Sin embargo, figuraba con situación regularizada en el sistema tributario municipal. Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860.
Este último importe fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, fueron retirados por las personas autorizadas por el Intendente. Luego, se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018, el cual fue rechazado por falta de fondos y que figura pagado en el sistema.
Denuncian un «sistema paralelo»
Así también se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación. A pesar de ello, no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta. Es el caso del “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.
Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. Sin embargo, se pudo establecer que de esos montos, la suma de $3.701.724, la retiró Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019. Mientras tanto, la suma de $539.215, fue retirada por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.
El que calla otorga
Del decreto de imputación también surge que Juan Carlos Dávalos, mientras se desempeñó como presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, solicitó la intervención de la fiscalía. En este marco, afirmó que se llamó al intendente Ernesto Fernando Gonza para que presentara informes al cuerpo deliberante, sin haber cumplido con sus obligaciones, establecidas por la Carta Orgánica Municipal.
Por último, la Auditoría General de la Provincia presentó el 13 de enero del corriente una denuncia luego de que el auditor Abdo Omar Esper solicitara al exintendente Ernesto Gonza la remisión de la documentación para la auditoría respectiva. Explicaron que éste no cumplió al estar debidamente notificado.
