SALTA (Redacción) – A la par del Coronavirus, la crisis sanitaria se vio potenciada por la deficiente gestión de la pandemia en la Provincia de Salta. Tal es así, que al día de la fecha seguimos conociendo casos de familiares o pacientes directos que no reciben atención alguna por parte de ninguna autoridad ni responsable sanitario, a pesar de incluso tener dificultades graves para respirar.
Tras los fallecimientos de los últimos días que captaron la atención de la comunidad e incluso los medios nacionales, así como del mismísimo gobernador que se disculpó con las familias, Salta 4400 ya adelantaba que la fiscalía actuaría de oficio al respecto. En este sentido, las muertes de Eduardo Chañe, Gabriel Alejandro Paz, Juan Alberto Agüero y Luis Mendoza no quedarían en un archivo ni una página en blanco.
Finalmente, entre las primeras medidas dictadas durante los últimos días, el fiscal Ramos Ossorio solicitó informes al Sistema de Emergencias 911. De esta manera, espsera verificar si se realizaron llamados para solicitar asistencia. A su vez, profundizará para saber cuántos se efectuaron en cada caso y qué respuestas se dieron a cada una de las personas que se comunicaron.
Los otros involucrados
Otros pedidos de informes fueron dirigidos al Comité Operativo de Emergencias- Central de Operaciones Control y Seguimiento Covid-19 (COCS Covid-19). El mismo centraliza las distintas unidades de mando y comando de las operaciones de emergencia referente a la Covid-19. También oordina las acciones con el sistema público y privado de salud, Ministerio de Salud Pública, organismos nacionales, provinciales, municipales y otros.
Además, el fiscal requirió registros de verificaciones que se hicieron desde el SAMEC-Ministerio de Salud, con concurrencia o no a los domicilios de los pacientes; y a las instituciones sanitarias y organismos de salud, acerca de los pedidos de asistencia y tratamientos médicos dispensados. En el caso de Chañe, también se solicitó la historia clínica al Instituto Médico de Alta Complejidad, IMAC. El mal accionar y la negligencia fueron expuestos a viva voz por la esposa del periodista y profesor .
En otro sentido, el fiscal inició actuaciones para investigar si existió comisión de delito en un hecho en el que una persona activó el protocolo para Covid-19. El mismo lo hizo, luego de requerir asistencia sanitaria públicamente, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba ningún síntoma compatible con la enfermedad.
