SALTA (Redacción) – Cuatro dirigentes deportivos del Club Atlético Central Norte, de la localidad de Embarcación, terminaron condenados por estafar a beneficiarios de planes sociales. De este modo, desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación destacaron que se logró un «fallo inédito» en Salta con este tipo de fraudes. La sentencia incluyó penas de prisión, tareas comunitarias y el cumplimiento de donaciones.
El fiscal general Eduardo José Villalba, quien llevó adelante el importante caso, destacó el resultado obtenido. Cabe señalar que se trató de una investigación compleja: «Tanto por la obtención de pruebas, la cantidad de las víctimas y el perjuicio a los beneficiarios y al Estado Nacional». “La resolución a la que se arribó es para Salta, al menos, histórica, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto», destacó el fiscal. Los condenados son Jorge Moya, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Edith Romero. Todos ellos integraban la comisión directiva del club Central Norte ubicado en el norte de la provincia.
La investigación y la estafa con planes sociales
Toda la investigación empezó tras una denuncia realizada por la ANSES ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano. Luego, en coordinación con su colega se llevaron adelante las primeras medidas, entre ellas allanamientos y la detención de Moya, Pabloff y Tarqui. Esto ocurrió, como bien se informó en Salta 4400, el 29 de abril de 2020 en la misma localidad de Embarcación.
Sobre la maniobra, el fiscal Villalba indicó que “la gran fortaleza” que tenía esta organización era el “padrón” con el que contaban. Durante el juicio explicó que era como una especie de base de datos de numerosas personas pertenecientes a la localidad y zonas aledañas. Una información que obtuvieron de otros grupos sociales de la región. Con estos datos, los acusados gestionaban los planes para los beneficios e incluso los utilizaban para cancelarlos. Esto último cuando los damnificados se negaban a cumplir con la contraprestación exigida.
A Moya, Pabloff y Tarqui, presidente, tesorera y secretario del club, el fiscal le atribuyó haberse organizado para gestionar beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional. En particular el Salario Social Complementario, que está destinado a habitantes de Embarcación y parajes de la zona. Este beneficio se trata de una ayuda que trae como condición que los beneficiarios hagan una contraprestación comunitaria. Sin embargo, los beneficiarios eran obligados a brindar tal aporte en beneficio exclusivo de los acusados.
Víctimas sin salida
“Los trámites realizados por los acusados, sin embargo, no lo hacían por ningún acto de filantropía. Sino para sacar provecho propio, pues a cambio de la obtención de tales beneficios exigían determinadas sumas de dinero. Siendo utilizado el Club Atlético Central Norte como pantalla de una maquinaria fraudulenta, de la cual se valieron para un beneficio patrimonial”, explicó Villalva.
Luego, el aporte era disfrazado como una “cuota social”, por una suma de 750 pesos. En otros casos, debían realizar trabajos para el club. Estos iban desde la limpieza, cocina y hasta en la faz periodística, como el caso de una víctima que debía hablar bien de los dirigentes en una radio.
«Los afectados, según señaló el fiscal, estaban prácticamente sin salida. Pues el comisario de dicha localidad, a quien habían acudido con denuncias por el fraude del que eran víctima, recibía cortes de pelo gratis de una beneficiaria, tarea acordada por los acusados», señaló el fiscal. Además, la fiscalía penal tampoco dio curso a las denuncias, con lo cual las personas que necesitaban realmente de esta ayuda social, no tenían a quien acudir. Pues la policía, la fiscalía ni tampoco las autoridades del banco habrían hecho nada por ellos.
Las condenas para los estafadores de Central Norte
Por último, la Justicia estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff por el delito de fraude a la administración pública. Para Tarqui se dispuso una pena de dos años de prisión condicional por el mismo delito. Luego, en materia de reglas de conducta se determinó que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo de 800 gramos por cada uno de ellos a la Asociación Civil Franciscana “Pata Pila”, con sede en Tartagal.
Por su parte, Romero, también imputada por ese tipo penal, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. En ese lapso, además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, y prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.
