SALTA (Redacción) – Hace un año la empresaria del transporte Silvia Magno quedó imputada por realizar viajes sin autorización durante el aislamiento. Y en las últimas jornadas, la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, le pidió al juez que interviene en la causa el traslado al fuero federal. Ahora, el magistrado deberá decidir si declina la competencia de la Justicia provincial.
La solicitud de la funcionaria le pidió al juez que “decline su competencia y ordene se remitan las actuaciones al Juzgado Federal que por turno corresponda, para su radicación”. Sobre este cambio, Salinas Odorisio justificó su pedido al juez de Garantías de 4ta Nominación sobre el caso Magno. «Implica que se han violentado las formas y requisitos impuestos por las autoridades nacionales en virtud del DNU 297/20», argumentó.
«Y las excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, agregó la funcionario. Por lo que entendió que el caso debía recaer en la Justicia Federal. “Considerando que en el presente caso se trata de transporte interjurisdiccional”, insistió en la presentación oficial.
Maniobras denunciadas y una investigación
Cabe recordar que la empresaria Magno terminó imputada el 16 de junio de 2020 por la entonces fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. La ahora titular de Derechos Humanos dictó eel delito de “violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Según la investigación preliminar, la empresaria dueña de la firma «Flor Azul Sociedad por Acciones Simplificada» había realizado viajes para traer de vuelta a la provincia a salteños que habían quedado varados en otras ciudades del país. Esto lo realizaba infringiendo: “La normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la Ciudad de Salta”.
Además, en aquella oportunidad Simesen había intervenido de oficio luego de que una madre denunciara en una radio la maniobra de la empresa de Magno. Según denunciaron, la firma había cobrado 3.500 pesos para trasladar a 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba. “Tras lograr una demorada autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta”, agregó la funcionaria. Esto luego lo negó el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.
Irregularidades en los permisos y protocolos
Por otra parte, la fiscal también le pidió a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte la lista de pedidos de autorización solicitados por Flor Azul SAS. Y descubrió que no había registros de pedidos de Documento Universal de Transporte. Se trata de un documento electrónico que debía generar la empresa para realizar los viajes realizados el 2 y 9 de abril, y el 10 de mayo.
No solo esto, sino que en otros viajes en los que la empresa sí había tramitado el DUT, se pudo determinar que la cantidad de pasajeros superaba al número manifestado por la firma. En algunos casos los nombres de los conductores no coincidían con los consignados en el documento electrónico.
