SALTA (Redacción) – Este martes continúa el juicio contra los ex concejales que cobraron el IFE durante el 2021. Este beneficio fue implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el Covid-19. Se trata de un total de ocho imputados por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cinco de ellos son ex concejales, mientras que los tres restantes lograron ser reelectos en los comicios del año pasado. El Tribunal estuvo presidido por el juez Marcelo Juárez Almaráz en la primera audiencia. El profesional escuchó las acusaciones penales por parte del fiscal federal Ricardo Toranzos y dio a conocer las acusaciones penales.
Cantarella, Cuellar, Cari, además de Gabriela Cazón son juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autores. Lo propio se extiende, en grado de tentativa, sobre el exconcejal Osvaldo Reynaga. Y Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
La semana pasada ninguno de los acusados pidió la palabra y se inició la etapa de testimonios de funcionarios de la ANSeS, tanto en el orden nacional como local, así como de un asesor legal del Banco Macro. Los testigos confirmaron los trámites realizados por los acusados y acusadas para el cobro del IFE y recalcaron los requisitos de admisibilidad para percibir tal beneficio.
Defensas
En el caso de las defensas de los acusados en esta segunda etapa -que involucra a los cinco ex ediles y a los otros tres con mandato aún. Estos señalaron la imposibilidad de la fiscalía en comprobar los delitos imputados. Sostuvieron que los comportamientos eran atípicos, ya que no habían falseado sus datos para solicitar el beneficio.
