SALTA (Redacción) – El Gobierno provincial endureció controles y castigos para quienes incumplan el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Por decreto, en Salta retendrán vehículos e irán a la cárcel hasta por 60 días si violan la cuarentena. Para el constitucionalista Omar Carranza, las medidas -sobre todo las nacionales- se comprenden frente a un Estado de Excepción inédito. Sin embargo, también hay preocupación ante el empoderamiento de las fuerzas de seguridad, es decir la Policía.
El gobernador Gustavo Sáenz quiere asegurarse a como dé lugar que la cuarentena se cumpla en Salta. En esa línea, ayer firmó un decreto junto a todos los ministros de su gabinete para ampliar el marco sancionatorio en torno al aislamiento preventivo y obligatorio.
Por esa medida, la Policía tendrá la facultad de detener y multar por hasta 60 días a quienes circulen por la vía pública sin las autorizaciones correspondientes. Además, los vehículos que transporten a los infractores, serán confiscados durante dos meses.
Las nuevas atribuciones que tendrán las fuerzas de seguridad, sumadas a las que ya les había otorgado el decreto presidencial de Alberto Fernández, se explican porque “la crisis de la pandemia de coronavirus puso a la Argentina ante un estado de excepción”, según el constitucionalista Omar Carranza, en diálogo con SALTA4400.
Para el especialista en derecho constitucional y docente universitario, el aislamiento preventivo y obligatorio “se trata de una situación inédita en la historia Argentina”. En ese sentido, explicó, las medidas de cuarentena “van en favor de garantizar dos derechos más preponderantes, como lo son la vida y la salud”.
Carranza sugirió que las medidas de restricción a la libre circulación no fueron motivadas en el marco de una actitud autoritaria por parte del Gobierno, o en contra de las libertades individuales, sino que fueron impulsadas en el marco de una elemental defensa de la vida y la salud de la sociedad.
“Hay derechos que son más elementales que otros y podrían justificar las medidas tomadas en un estado de excepción como el que estamos viviendo. Las medidas de aislamiento no tienen un propósito represivo sobre las libertades individuales, sino preventivo, con el objeto de proteger la salud de los argentinos”, explicó Carranza.
En el mismo sentido, el constitucionalista comparó las restricciones de circulación con la paralización de la economía producto de la cuarentena obligatoria: “Durante la crisis, también se han solapado derechos económicos. Yo no me caracterizo por alabar los actos de gobierno, pero me pareció correcto que el presidente Alberto Fernández se haya inclinado por priorizar la vida antes que la economía”.
Auditoría ciudadana y legitimidad
Más allá de coincidir a grandes razgos con las medidas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial, según Carranza recién en el futuro se podrá analizar si las prohibiciones, los controles y las restricciones a la libre circulación y comercio se ajustan o no a derecho.
“Esto es todo muy inmediato y van surgiendo novedades día a día, sería imprudente hacer un juicio sobre si las medidas se ajustan a derecho o no. Ni en el derecho ideal está prevista una situación como la que estamos atravesando”.
Omar Carranza- Abogado constitucionalista
De todas formas, Carranza pidió que la ciudadanía esté atenta frente al accionar del Gobierno, que denuncie si percibe abusos o prácticas autoritarias por parte de las fuerzas de seguridad o los funcionarios.
“Hasta el momento, las medidas de aislamiento y restricción de circulación cuentan con legitimidad social y son comprendidas en el marco de la emergencia sanitaria, pero en el instante en el que se perciban actitudes o comportamientos autoritarios que violen los derechos de los ciudadanos se deben denunciar y sancionar de manera firme y determinante”, finalizó.
Críticas y preocupaciones
Una vez que fue publicado en el Boletín Oficial, desde algunos sectores políticos vinculados a la izquierda y organismos de Derechos Humanos surgieron inquietudes y cuestionamientos en torno a los alcances y la aplicación práctica del decreto de Sáenz por el cual se le otorgó más poder a la Policía local.
¿Las atribuciones de las fuerzas de seguridad de la provincia pueden ser mayores a las que les otorgó el decreto presidencial de aislamiento obligatorio que dispuso Alberto Fernández?¿Cuáles serán los criterios de la Policía para determinar las detenciones en Salta, serán diferentes a los de las fuerzas de seguridad nacional?
Teniendo en cuenta el problema de superpoblación carcelaria: ¿Dónde serán alojados los eventuales detenidos? Y qué pasará con los automóviles: ¿Dónde quedarán confiscados si los canchones de Tránsito y los de la Policía están colapsados?
Bertha Lozano, referenta salteña de la Liga Nacional de los Derechos Humanos, denunció que “en la provincia, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro tiene una política muy extrema en relación a la seguridad”.
Además, Lozano cuestionó que el gobernador Gustavo Sáenz, “en vez de llamar a disminuir las acciones violentas por parte de la fuerza, pretende aumentarla desde el momento en que llama a poner militares en la calle”.
En ese sentido, la dirigenta relató que lunes último la Policía motorizada reprimió en el merendero Carita Feliz del barrio 26 de Marzo: “Un voluntario fue golpeado y ante la situación una joven epiléptica se desmayó, sin recibir asistencia de la fuerza policial que luego de generar este disturbio optó por retirarse del lugar”.
